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Pacto Republicano

(Gran Pacto Social, GPS) Borrador versión 14. 31 Diciembre 2020

Movimiento Libertadores y demás grupos promotores militares, políticos e internacionales.

Resumen ejecutivo

Esta propuesta consiste en una alianza política a largo plazo. Tipo Pacto de Punto Fijo (PPF) en que es d largo plazo, pero corrigiendo sus errores. El objetivo para Venezuela es construir una verdadera república, alejada de la partidocracia y la cleptocracia propias del cartel de mafias caza-rentas －nacionales e internacionales－, sus negocios relacionados (narcotráfico, terrorismo, corrupción, lavado de dinero, tráfico de armas, etc), salir de la ocupación extranjera que padecemos garantizando un gobierno de transición que pueda resolver la emergencia humanitaria y las crisis política, institucional, social y ambiental. El espíritu de esta propuesta es crear un equilibrio cooperativo entre los actores: La sociedad civil independiente; los partidos políticos alejaos del caza-rentismo; los militares institucionalistas y la comunidad internacional afín al proyecto. Todos siguiendo la estrategia del coraje: salida por la fuerza tanto del régimen de Maduro-Díaz Canel, como del sistema caza-renta.

ACTORES:

1.- La sociedad civil independiente: Impulsar su auténtico empoderamiento en un proceso constituyente originario y descentralizado, pero con integración. Disminuyendo las posibilidades de captura por parte de los carteles y contribuyendo a la recuperación territorial del país en materia de seguridad, defensa y justicia ciudadana. Garantizar una alianza de amplio espectro ideológico, pero con exclusiones de aquellos grupos que deben ser prohibidos por totalitarios y hegemónicos tal como es el Partido PSUV. 2.- Los militares institucionalistas. Actores determinantes que no deben quedar por fuera de la alianza democrática. Su integración debe estar reglamentada para su permanencia de modo que impidan corruptelas y malas prácticas. 3.- La comunidad internacional: Afín a nuestro proyecto libertario y republicano, que nos asista en nuestros objetivos, con ganancias mutuas y respeto a la soberanía.

Como las fuerzas de estos actores unidos es superior a las del régimen y sus aliados opositores, la estrategia básica del Pacto Republicano es la del coraje. Confrontar y anular ese equilibrio de punto fijo estable en el que nos tiene el sistema caza-renta que no nos permite salir de él. Necesitamos implantar otro punto fijo estable al cual converger (es decir, una verdadera república), instaurada por una junta y un gobierno de transición del coraje decidido a salir del sistema que nos ha conducido hasta aquí desde antes de Chávez, pero que con Chávez y Maduro se exacerbó a niveles nunca vistos en el mundo entero.

Esta propuesta es altamente viable: Hay militares patriotas, listos para reemplazar a la cúpula militar corrupta. También civiles preparados para sustituir a los funcionarios del poder judicial. Hay líderes emergentes preparados para sustituir a gobernadores y alcaldes usurpadores. En fin, hay una población importante preparada a contribuir con el rescate y restauración de las instituciones venezolanas que permitan en un lapso aproximado a los 4 años de transición, implantar la nueva república a la cual converger.

Introducción

Las organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos y las organizaciones militares aquí representadas, ante la inminente salida del régimen usurpador y sabiendo que debemos prepararnos para afrontar la crisis institucional, política, económica y social de proporciones inimaginables, nos hemos consensuado para formar un alianza política de largo plazo que llamamos “Pacto Republicano”, con el fin de impulsar un proceso de restauración del orden constitucional-democrático y de reconstrucción nacional con miras a la fundación de una nueva República, teniendo en cuenta que el problema no es solo salir del usurpador sino del modelo rentista que lo sustenta. El proyecto está basado en un enfoque estratégico (de teoría de juegos) y teoría del derecho con fundamentos de teoría económica, usando la evidencia empírica conocida del pasado y el análisis de la coyuntura actual.

I.- Contexto:

   1. Venezuela padece una crisis sistémica en las instituciones públicas, descalabro económico, la conculcación de los derechos personales y colectivos fundamentales, pérdida de soberanía territorial y política, tragedia humanitaria sin precedentes, la anarquización de regiones, municipios y comunidades enteras del país en manos de grupos irregulares de droga, paramilitares, grupos terroristas, colectivos y bandas que operan desde centros penitenciarios.
   2. Esta situación se debe al sistema caza-rentas y sus negocios anexos en el que se sustenta el régimen: Captura de la renta petrolera y minera, tráfico de drogas, armas, terrorismo, paramilitares, guerrilla, entre otros. Con vínculos internacionales (Rusia, Irán y China, entre otros) de usufructo y apoyo que tienen como operador principal y regente a la mafia cubana.  
   3. El sistema caza-renta está agotado como modelo debido a la baja abrupta de los precios petroleros y a la falta de adaptación a la nueva realidad. La crisis resultante de este declive ha devenido en un conflicto entre dos visiones político-institucionales y económicas (una democrática, soberana y republicana y otra militarista, rentista y delincuencial), ante la inviabilidad de Maduro en la presidencia, los caza-renta buscan otro títere del lado de la falsa oposición, para hacer un cambio gatopardiano, mejorar algunas variables económicas y seguir en el poder manteniendo el modelo intacto.

   4. Por lo dicho es claro que el mapa de conflicto en este momento no es simplemente entre el régimen y la verdadera oposición sino entre los caza-renta y el resto de los venezolanos. Los caza-renta pueden usar un régimen totalitario y delincuencial ―como el presente― o uno “democrático” en el que de todas maneras se apropien de los recursos de los venezolanos provenientes del petróleo y la minería, manteniéndose en el poder en el largo plazo. Este modelo ha instituido una cleptocracia y se ha servido de partidos para usarlos a su servicio, desligando al ciudadano común de las decisiones políticas (se necesita restablecer el hilo entre la ciudadanía y las decisiones nacionales).

   5. Se asumió que la confrontación fáctica no iba a implicar una salida violenta, porque el régimen ―si fuera racional―, aceptaría el ofrecimiento de un salvoconducto a la cúpula del régimen para que dejaran el país en un proceso de negociación (se les ofrece para evitar enfrentamiento innecesario con muertes que lamentar). Sin embargo, el régimen insiste en seguir en el poder y solo quiere diálogo para permanecer en él.

   6. El departamento de Justicia de E.E.U.U. emitió orden de captura a nombre de Maduro y Diosdado y muchos otros funcionarios del régimen quienes están usando las instituciones y el sistema judicial para amedrentar con vigilancias ilegales, persecuciones o detenciones.

   7. Dada la acción del Departamento de Justicia de los E.E.U.U., el salvoconducto sería negociado con mandos medios de la fuerza armada y los altos mandos que se quieran sumar, para que entreguen al tren mayor del régimen  o se les propongan viajar a países que los puedan acoger, como Cuba, Rusia o China.

II.- Objetivos

   1. La imposibilidad en este momento de resolver el conflicto por la vía institucional o electoral, ha dado lugar a una situación en extremo compleja. Paradójicamente, esto es una fortuna pues permite grandes oportunidades para salir del actual y del dominio de los delincuentes caza-renta y su modelo. Por eso la propuesta del Pacto Republicano es salir del usurpador Maduro y el sistema sobre el que se sostiene, de los ocupantes (Cuba, China, Rusia, guerrillas colombianas, células terroristas, etc) y tratar de garantizar un gobierno de transición exitoso, que nos permita refundar la república sobre nuevas bases democráticas, institucionales, de progreso económico y social con justicia.

   2. Un objetivo primario del Pacto Republicano es que la ciudadanía (Stakeholders), asuma el papel transformador que le corresponde a partir de una organización independiente de los partidos políticos (en alianza con algunos de ellos que quieran salir del usurpador y del modelo rentista), pues es un riesgo que al caer el usurpador se consolide una nueva cúpula de gobierno capturada por el caza-rentismo.  Para eso se organizaría a los ciudadanos desde sus territorios en un verdadero proceso constituyente originario, aprovechando el renacimiento de la movilización y los nuevos liderazgos, que deberán asumir las riendas de la nueva Venezuela. En consecuencia, los partidos políticos se renovarán para ocupar su lugar en una verdadera democracia.  Con el Proceso Constituyente Originario se persigue la recuperación de los gobiernos municipales, estatales y comunitarios, en cabildos abiertos, nombrando autoridades interinas y resguardando los bienes del estado y la seguridad de los ciudadanos. Teniendo cuidado de ser inclusivos y democráticos enmarcados en los derechos y obligaciones constitucionales. Esto ayuda tanto a la salida del usurpador, como a controlar el desorden y la anarquía que se prevé habrá (intentos de linchamientos, pillaje de la propiedad pública por los salientes, etc).

3. Una vez depuesto el tirano, se pasa a la segunda etapa: salir del caza-rentismo. A corto plazo se propone la conformación de una Junta de Transición para un gobierno de unidad, coalición y reconciliación a nivel nacional. Sabemos que una transición adecuada no podrá durar menos de cuatro años. Para eso se requiere apoyo político que garantice la gobernabilidad. Por diseño estratégico, un gobierno que no tenga estas características, estará condenado al fracaso. La idea es que quien gane la elección, se comprometa a renunciar a los cuatro años para que a partir de ahí, se reinicie el proceso democrático normal (distintos partidos, con sus ideologías y programas, se disputen la representación popular). Se persigue la restauración inmediata, mediante ese gobierno de transición y los gobiernos en los distintos ámbitos territoriales mencionados, del orden constitucional y democrático y el inicio de la reconstrucción nacional. Es claro que un gobierno de transición de un año no va a poder resolver los problemas pendientes en lo económico, lo político-institucional y la seguridad física y personal. Se necesitan al menos, cuatro años. Con apoyo político férreo y gobernabilidad. Por eso, la táctica debe incluir elecciones presidenciales al final de esos cuatro años, con elecciones de Asamblea Nacional a los dos años, luego de tener un C.NE apropiado, y un REP corregido y depurado. Al tercer año los alcaldes y gobernadores. Tratando que el presidente electo a esos cuatro años sea el candidato de consenso en el seno del Pacto Republicano como la alianza de los del coraje para seguir en la lucha contra el caza-rentismo.

   4. Igualmente, el establecimiento, a todos los niveles, de la forma republicana de gobierno que obliga a los gobernantes a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y atender sus necesidades con responsabilidad.

   5. Finalmente, se persigue la implementación de un plan institucional, político, económico y social, de corto, mediano y largo alcance, incluyendo el regional y local, para que Venezuela ejecute con éxito las transiciones hacia la democracia y el desarrollo integral, basado en el protagonismo ciudadano. El Pacto Republicano es un acuerdo que va más allá de los gobiernos temporales, tanto de transición, como de los períodos democráticos posteriores, pues es un proyecto de largo plazo, que empieza con la crisis, la emergencia y la transición, pero que  sigue posteriormente con un programa compartido básico, más allá de las ideologías temporales en el gobierno. La idea es que el plan nos saque del modelo rentista, partidocrático, cleptocrático y centralista y nos lleve a una nación democrática, soberana, productiva y republicana, en que impere la justicia, el progreso y el bienestar social, en armonía con la naturaleza.

III. Bases estratégicas

   A. Los jugadores (actores) del pacto:

   1. El soberano, mediante las representaciones auténticas, independientes y autónomas de la sociedad civil.
   2. Los partidos y grupos políticos de oposición del coraje. Se incluye a partidos de amplio espectro: derecha, centro, izquierda. Siempre y cuando sean democráticos. Se denomina “del coraje” a los grupos que han perseguido la salida del usurpador por la vía de facto, con base de jure y tienen el firme propósito de salir del modelo rentista y no cohabitar con él.  
   3. Los miembros de la Fuerza Armada en rebelión para instaurar el estado de derecho. 
   4. La comunidad internacional del coraje.

   B.  La estrategia y la táctica para el momento actual

   1. La estrategia

La estrategia óptima depende de un diagnóstico adecuado. Si somos notablemente más fuertes en términos relativos, debemos jugar coraje, no cohabitación. Las fuerzas se inclinan potencialmente, a nuestro favor y contra el régimen, en todos y cada uno de los factores claves: la comunidad internacional, la voluntad de las grandes mayorías, la calle y la fuerza armada. El gobierno sólo domina el aparato represivo (débil) y es natural en un jugador que alardee de una fuerza que no tiene, para amedrentar al contrario (lo cual se llama “bluffing” en Teoría de Juegos). Aquí está el marco teórico del juego, con las actualizaciones que hay que hacer, luego de tres años de eventos políticos, en que la MUD no jugó como tenía que jugar:

https://www.lapatilla.com/site/2016/10/18/felipe-perez-marti-obediencia-constitucional/

https://www.aporrea.org/ideologia/a235750.html

Inicialmente, el presidente constitucional interino Juan Guaidó, decidió jugar coraje hasta la salida de Maduro. Al principio de su gestión había dejado claro que no iba a desviar el carro de su carril en la confrontación directa. Eso era suficiente para producir la salida, más temprano que tarde, como hemos explicado en otros análisis. Desafortunadamente, aceptó llegar a un modelo de cohabitación con el régimen, en unas elecciones parlamentarias que no garantizan salida. Reflejando con esto el interés de los caza-renta moderados de la “oposición”. El Pacto Republicano, ante esto, seguirá con la propuesta de la estrategia del coraje, sumando las fuerzas disponibles. En particular la militar constitucionalista, la de la sociedad civil en rebelión, los partidos políticos del coraje y la comunidad internacional del coraje. Por eso facilitar el nombramiento de una Junta de Transición del Coraje, luego de la acción militar de liberación. En relación a la salida del modelo rentista, seguiremos la estrategia de confrontación al enemigo, los caza-renta y sus bases institucionales. Es por eso que no podemos incluir en la alianza a los agentes de ese sistema (es como tener al enemigo en tus filas).

   2. La táctica.

Luego de que Juan Guaidó asumió la presidencia interina de la República, se convirtió en el detonante para activar y coordinar todas las fuerzas potenciales, que representan los mismos jugadores que proponemos para esta alianza del Pacto Republicano. Lamentablemente, el presidente interino cometió varios autogoles. Entre ellos está la imposición del liderazgo del G4 del Frente Amplio, en el cual están Ramos Allup, Rosales y Leopoldo López, tres cohabitadores con el régimen y con el modelo rentista. Esto determinó que Juan Guaidó abandonara la ruta del coraje, yéndose a la cohabitación y, a una consulta estéril. Con esto se generó mucho desánimo, desconfianza y división entre la población opositora.

Por ende se propone al Pacto Republicano como sustituto adecuado del Frente Amplio para liderar la oposición al régimen madurista y al modelo rentista. Recuperando la confianza y aglutinando todas las fuerzas del coraje, delineando claramente quién es el enemigo. Juzgando por desempeño a los “opositores” ―como se hace en gerencia―, ya que la corrupción y la cohabitación tienen una alta correlación y no es posible siempre identificar las pruebas de corrupción directa. Incluso, sabiendo que se pueden cometer dos tipos de errores, como pasa en la metodología científica:

   1) Tipo I: Condenar a un inocente (líderes de la oposición cohabitadores que no son corruptos, sino equivocados).
   2) Tipo II: Eximir a un culpable (líderes opositores que han adoptado la estrategia del coraje, pero que son corruptos y están infiltrados entre nosotros, al ocultar su verdadera naturaleza).

Por eso es vital el proyecto de someter siempre al escrutinio público el desempeño del liderazgo mediante una evaluación popular continua.

Ante la traición del Frente Amplio, el Pacto republicano seguirá con la táctica correcta liderando el proceso de confrontación, identificando ahora con más claridad en el escenario a los verdaderos enemigos que también están en la “oposición”, con el criterio gerencial señalado, aplicado a la política, como nunca antes se ha hecho en Venezuela, señalando con más claridad el mapa de conflicto verdadero y generando un debate por las redes sociales para propiciar la generación de expectativas correctas y derrotar el desánimo, la resignación, la desmovilización, la división, la equivocación bien intencionada, alertando sobre la campaña de expectativas negativas del régimen y sus aliados.

Actuar también en ese entorno público y en privado, para señalar lo extemporáneo de la competencia entre partidos del coraje, de cara a las presuntas elecciones posteriores al acuerdo con el régimen —que no ocurrirá—, pues viene una asonada militar inminente, como lo hemos predicho. Lo correcto es proponer la alianza de largo plazo y no caer en el juego de del dilema del prisionero, que te lleva a competir y no a cooperar, lo que resta fuerzas para sacar al usurpador.

Por diseño de incentivos, ningún miembro de la Junta de Gobierno de transición puede postularse como candidato en esas elecciones presidenciales ―postularse es inapropiado pues estaría aprovechando el auge iniciado con ventaja sobre los demás candidatos del coraje, lo cual desanimaría el apoyo de los mismos al proceso de transición―. Luego del período constitucional del presidente electo posterior a la transición de cuatro años, sí que podrían postularse. Este esquema garantiza el apoyo político de los del coraje en el período de transición; el éxito de su gestión arreglando la economía, la institucionalidad, la seguridad, etc dará a los contendientes un mejor escenario futuro para gobernar; siguiendo con la alianza del coraje de largo plazo para salir del rentismo y enfermedades conexas.

Será entonces, indispensable coordinar la ayuda del jugador externo y del jugador militar interno. Para lo primero, hay que evaluar el momento correcto para aplicar el TIAR, aplicar el principio de Responsabilidad de Proteger, e invocar el artículo 187-11 de la Constitución, en coordinación con los actores internacionales que ya están ayudando. Pero se debe dejar claro que, invocando los principios de ius cogens (Principios internacionales sobre DDHH) y el principio RDP (injerencia humanitaria), los aliados internacionales realmente no necesitan una aprobación de la AN para hacer una incursión armada, aunque ya están dadas las bases para ello con la aprobación del TIAR. (El mismo Presidente Guaidó pudo invocar el principio constitucional de necessitas, sin aprobación previa de la AN, dada la situación excepcional).

Como parte del conjunto de tácticas dentro de la estrategia del coraje es esencial, en el momento en que caiga el sátrapa, la designación de alcaldes, gobernadores y consejos comunales (se propone cambiar nombre a Consejos Ciudadanos y hacerse amplios, inclusivos y democráticos), que sean de carácter interino, en Cabildos Abiertos a lo largo y ancho del país, para sustituir a las autoridades usurpadoras en esos niveles. Se corregirían las fallas de liderazgo y de coordinación. Además, se aprovecharía el inmenso potencial presente, aunque dormido, de la ciudadanía. Será un verdadero proceso constituyente originario, que tomará tiempo pero que se hará sobre bases sólidas.

Es de hacer notar que las fallas de la Consulta del 16J serían corregidas con este proyecto. La falla de liderazgo sería corregida con la conformación del Pacto Republicano como nuevo liderazgo opositor, en vez de la MUD o el G4 del Frente Amplio. La fuerza armada constitucionalista destituiría al usurpador cumpliendo el segundo mandato de la Consulta y se conformaría un nuevo gobierno de transición, cumpliendo con el tercer mandato. En materia de partidos del coraje, el Pacto Republicano implicaría una alianza entre Soy Venezuela, con la parte del coraje del Frente Amplio en las bases, más los dirigentes y partidos de izquierda democráticos, no comprometidos con la corrupción y la represión. La falla de implementación comporta la realización de un “equilibrio de coordinación”, en las dos etapas planteadas: para salir del usurpador y para salir del rentismo.

Es prioritaria la conformación organizativa a todos los niveles del Pacto Republicano, que agrupa los liderazgos de la Fuerza Armada institucional, la comunidad internacional, los partidos del coraje y las fuerzas vivas de la sociedad civil. El Pacto sería el que promovería la convocatoria de Cabildos Abiertos en el territorio, para nombrar nuevas autoridades. En la elección, se incluiría a todos los candidatos que se quieran postular, incluyendo los que prefieren cohabitar. Incluso los usurpadores actuales, si lo desean. El que decide a quién se excluye y a quién se apoya es la ciudadanía, con su voto en asamblea. A los usurpadores actuales probablemente les pase como a Emparan el 19 de Abril de 1810, quien tuvo que irse porque la gente en el primer Cabildo Abierto del país, no lo quiso como gobernante.

Cuando Guaidó asumió la presidencia interina, los partidos cohabitadores tuvieron que apoyar a regañadientes. Luego trastocaron la estrategia del coraje. Para remediar este autogol, se propone que el Pacto Republicano salga cuanto antes a la luz para suplir la falta de un liderazgo contundente, coherente y realmente unido por la estrategia del coraje, sin argucias que retardan la salida del sátrapa y generan desánimo entre la población. Se espera que se produzca lo que se llama “equilibrio de Stackelberg”, en que los cohabitadores, al no estar incluidos, se sometan a la estrategia planteada aunque sea por oportunismo. Que no frenen el proceso, ni veten el avance, sino que sean seguidores que aceptan su rol, sometidos a posteriores filtrajes populares de sus propios partidos mediante elecciones internas.

3. Bases históricas. Relación con el Pacto de Punto Fijo

El Pacto Republicano consiste básicamente en una alianza política para salir del régimen dictatorial y del modelo rentista y construir una verdadera república democrática. Su diseño está basado en teoría de juegos y conceptos fundamentales de teoría económica, jurídica y política y tiene un referente histórico importante: el Pacto de Punto Fijo. La idea es retomar esta experiencia rescatando sus aspectos positivos, corrigiendo sus errores y adaptando su vigencia al momento actual. La idea es refundar Venezuela sobre bases republicanas definitivamente sólidas. Esta crisis permite identificar nuestra enfermedad histórica y a sus agentes. Identificar el enemigo claramente y aplicar estrategias ganadoras, usando el poder ciudadano como la fuerza regeneradora principal. En ese sentido, los aspectos positivos del Pacto de Punto Fijo (PPF) tienen que ver con el carácter dinámico del pacto, con un horizonte de largo plazo: El juego repetido entre contendientes político-electorales.

En cuanto a la lista de aspectos negativos y su corrección, tenemos estos componentes:

   1. El Pacto de Punto Fijo fue una alianza entre partidos políticos y simpatizantes en la sociedad civil, lo que devino en una partidocracia y produjo el perverso fenómeno del cazarrentismo que hizo aguas antes de Chávez y propició la cleptocracia, una  democracia débil, centralismo territorial, institucional, corrupción, populismo rentista, militarismo Esa fue la causa fundamental de la destrucción del Pacto de Punto Fijo y su fracaso como mecanismo eficaz para garantizar la democracia. La propuesta del Pacto Republicano es corregir esa carencia del PPF y sus consecuencias, con  la inclusión en el pacto de la sociedad civil independiente.

   2. Otro error de este pacto es corregir la exclusión de los partidos de izquierda, a pesar de que los mismos fueron determinantes para la salida de Pérez Jiménez. Es impensable ahora excluir a la izquierda democrática que no están con el régimen ni con los cohabitadores. Si son líderes democráticos, no relacionados con la corrupción, ni con la represión, deben ser incluidos en la alianza. Tanto para salir del usurpador y la salida del rentismo petrolero, como para garantizar la gobernabilidad posterior. El programa, para que tenga gobernabilidad, debe prevenir el fanatismo político y las venganzas generalizadas. Debe haber justicia transicional (no impunidad).

   3. El tercer error sería el de excluir a los miembros institucionalistas de las Fuerzas Armadas. De hecho, el rentismo y la historia venezolana, desde la independencia, pasando por las guerras federales, ha convertido a la fuerza armada en jugador importante, sin estar explícitamente definido su papel político de facto, más allá de los articulados legales. Que este jugador militar institucional asegure con el resto de los jugadores, el hilo constitucional ante posibles irrupciones por la fuerza de las armas o bien, por invasiones, agresiones territoriales, desmembramiento del territorio, con sus muchos males (pranatos, zonas guerrilleras, paramilitares, de carteles de drogas, del oro, etc). El juego dinámico del PR se diseña para que ese jugador exprese claramente sus intereses precisamente para evitar golpes de estado y aprovechar el poder de las armas a favor de la república. Es la manera de salir del militarismo y que el estamento militar juegue el papel que debe jugar en una república moderna. Es claro que los militares tienen una larga historia de abusos en nuestro país pero el cambio de juego cambia el comportamiento de los jugadores y todos salen beneficiados.

   4. El cuarto error es la exclusión explícita del jugador internacional. Es necesaria una nueva alianza geopolítica, con intereses mutuos, respetando en todo momento nuestra soberanía y nuestra independencia. Que sean relaciones de largo plazo, más allá de la gestión de los gobiernos constitucionales, actuando dentro de ese marco de acuerdos que impiden las prácticas negativas de borrón y cuenta nueva cada vez que hay cambio de gobierno. Esto corrige el error de adaptarse pasivamente al entorno geopolítico en vez de convertirnos, como debe ser, en un jugador activo, con una relación resultante que mejora nuestro desempeño de independencia interactiva en materia de inserción en el mundo globalizado.

4. Fundamentos teóricos.

Observaciones iniciales.

   • Si pensamos en la relevancia de cada jugador, todos son esenciales: Sociedad civil, partidos del coraje de amplio espectro, militares y policías institucionalistas, comunidad internacional del coraje. La ausencia de cualquiera de estos pilares tambalea la estructura, incluso si los otros tres están presentes.

   • Paradójicamente, podemos aprovechar el abismo en el que estamos como una oportunidad para salir de los caza-renta y su modelo rentista. Este sistema y sus agentes, que son nuestros verdaderos enemigos, causan nuestra peor enfermedad, que viene mucho antes de Chávez y Maduro. Los caza-renta son los titiriteros que mueven los hilos del grueso de la economía y la política, de actores claves de la oposición, medios de comunicación, etc. Así que no es cuestión de salir de unos zamuros y dejar la carne y que no haya mas en el futuro. La solución tiene que ser por diseño institucional, con reglas auto-vinculantes, antes que por discrecionalidad gubernamental. Soluciones tipo Fondo Petrolero Noruego.  Como se plantea aquí (p.17):

http://clubmacro.unimet.edu.ve/wp-content/uploads/2018/01/MM-vol.3-n.-1.pdf

   • Con un gobierno de transición apoyado por el Pacto Republicano, se estima que el primer año la inflación pueda colocarse en un 100% (por la subida inicial de algunos precios, como la gasolina). El segundo en un 40%. Ya el tercer año puede bajar a niveles normales, por debajo de 10% o menos anual. Encaminar la economía para salir del rentismo es igualmente complicado, por la oposición que esto va a traer de grupos muy poderosos. Pero el impulso que se dará al mercado como mecanismo clave en la recuperación, compensará esas limitaciones y producirá un éxito notable, como prevemos.

   • Para las medidas político-institucionales propuestas y el tema de la justicia transicional tomará tiempo implementarse dado el desastre que existe. Una “transición” completa a niveles de un país desarrollado (en lo fiscal, monetario, cambiario, productivo e institucional) requiere unos cuarenta años solamente, pues el ritmo de crecimiento sería alto con las medidas adecuadas. Encaminarlo inicialmente se puede hacer en el lapso mencionado para la transición. Llegar a niveles anteriores en lo económico, en términos de PIB per cápita, puede llevar unos diez años.

   • Una dificultad inevitable de la transición va a ser los saboteos de miembros del régimen  y los cohabitadores opositores, la anarquía territorial exacerbada, dada la somalización, que incluye organizaciones delictivas, carteles de drogas, dominios de guerrillas, paramilitares, colectivos, sindicatos resentidos y corruptos en empresas públicas, etc. Ahí la organización del Pacto a esos niveles va a ser crucial, según ha propuesto el Movimiento Libertadores. Incluyendo formas comunitarias, municipales y estadales de legítima defensa en coordinación con nuestros militares y policías patriotas, para resguardar la propiedad pública y privada y la seguridad personal.  No se podrá hacer solo con la gestión a nivel central, pues los cuerpos de seguridad están extremadamente corrompidos.

   • Los jugadores del pacto tienen incentivos para apoyar al gobierno de transición solo si asume el compromiso de no reelegirse, como hemos dicho. Pues si tiene éxito, con su apoyo y se postula a reelección, las aspiraciones legítimas de los jugadores de partidos y grupos políticos del pacto, para ser representantes electos, estarían en desventaja. De manera que el presidente y demás miembros del equipo de gobierno postulados deben tener claro que se trata de un tiempo limitado para su gestión y estar dispuestos a asumir los costos de incomprensión y oposición férrea de los caza-renta, por medidas que impliquen la recuperaciòn del imperio de las leyes. Por supuesto que el cambio solo perjudicará al status quo de los corruptos, los traficantes, los usufructuarios internacionales de este régimen. Todo el resto de la población se beneficiará: trabajadores, empresarios, clase media, los pobres. Pero se requiere mano dura para cambiar las cosas. Dada la indisciplina en todos los ámbitos. Pues los caza-renta son abusadores acostumbrados a hacer su voluntad, comprando gente e instituciones, como los medios, analistas, etc. Todo un establishment de poder, del cual no va a ser fácil salir. En neto, el gobierno saldrá con gran prestigio, por su éxito, dado el apoyo, y las condiciones para que salgamos el marasmo actual y preparemos la recuperación de largo plazo. Por eso no puede reelegirse.

   • Es claro que los jugadores políticos del pacto van a ser contendientes político-electorales luego del gobierno de transición.  La alianza no es para ponerse de acuerdo sobre un gobierno común luego de la transición. Sino para ponerse de acuerdo sobre  las reglas de juego  de esa pugnacidad democrática posterior, que es natural que ocurra. Durante el gobierno de transición, hay la coalición de todas las fuerzas. Pero luego viene la competencia normal entre candidatos a representantes del soberano en el gobierno y el estado. Es una de las ventajas que se retoman del Pacto de Punto Fijo: respetar las reglas de juego, y los resultados electorales, según lo dicten los votos y el veredicto de árbitros imparciales, mutuamente aceptables. Esto generará alternancia previsiblemente, si el gobierno de turno se desgasta en su gestión respecto a las expectativas de los votantes. Y los jugadores del pacto deben respetar las decisiones de los votantes, aún si los perjudican. Es parte esencial del acuerdo.

1. Claves en materia teórico-estratégica.

   1. Juego repetido del dilema del prisionero.

El dilema del prisionero implica que los jugadores no cooperan, pues el fiscal los separa para que no se pongan de acuerdo y les da incentivos a desviarse de un posible acuerdo en el corto plazo. Por ejemplo, un partido político cuando llega al gobierno tiene incentivos para usar los recursos del estado a fin de ganar adeptos y así permanecer en el poder. Lo mismo el otro partido. Pero si los mismos actores políticos, más allá de las pugnas del momento, llegan a un pacto (con los otros dolientes, la sociedad civil organizada), tienen incentivos para amarrarse con el acuerdo. La razón es que el valor presente de las ganancias futuras en materia política que vienen de la cooperación, son mucho más grandes que la ganancia de cada uno de ellos, (si es que la tiene, pues es una pugna que los puede dejar sin nada) por la desviación de la estrategia cooperativa en el corto plazo. Un país moderno y desarrollado económicamente, es más conveniente, a los partidos políticos profesionales y a sus redes de familiares y militantes, que un país hundido en la “maldición de la abundancia” (como se le conoce a los síntomas del rentismo en la literatura económica especializada), subdesarrollado en lo productivo y de exportación en materia agrícola e industrial; inestable en lo macroeconómico; con democracia débil; convertidos en títeres de los caza-renta (no electos) pero son los que realmente tienen el poder político; con militarismo; con centralismo en lo territorial y en lo institucional, en el que no hay independencia de poderes y no hay autonomía ni desarrollo regional. Lo mismo para con los empresarios, los trabajadores, los militares, y también la comunidad internacional que quiere acuerdos estables y beneficiosos para ellos, no solo para el país. Así, el convertir el juego, de estático a dinámico, logra un milagro: por motivos egoístas (no altruistas), los jugadores del pacto tienen incentivos a cumplirlo, porque ganan más así que con el sistema de cosas que nos tiene postrados en tantos sentidos, como los listados. Además, hay mecanismos de penalización adicionales, por diseño, que mantienen a los jugadores cumpliendo su parte, como se sabe en la literatura especializada (el teorema respectivo se llama “folk theorem”)

   2. Equilibrio de coordinación.

Para salir del usurpador, hay que generar expectativas adecuadas en todos los jugadores. También para la salida del rentismo. Se activan así todas las fuerzas potenciales disponibles para la coordinación y confrontación final. Si, por ejemplo, la izquierda democrática, los barrios populares, y la fuerza armada chavista-no-madurista creen que cuando venga un gobierno “de derecha”, viene una cacería de brujas, y prohibición de los partidos de izquierda, despidos masivos de trabajadores, un ajuste neoliberal; entonces no van a querer colaborar para la salida del gobierno. En cambio, si tienen expectativas adecuadas dentro del acuerdo del pacto, con garantías y promesas creíbles, entonces se forman esas expectativas y actúan en consecuencia. Si de hecho, como veremos, se garantiza el nombramiento de árbitros mutuamente aceptables para futuras elecciones, medidas económicas que son de consenso y no implican un ajuste neoliberal, sino un ajuste de economía política que quita recursos a los corruptos y se los da al fisco, y financiamiento y ayuda externa, sin despidos masivos, etc., entonces entrarán al pacto y habrá gobernabilidad. De hecho, el consenso entre los economistas es que la transición debe tener esas características. Aquí no son necesarios despidos masivos. Sino una transición voluntaria para el éxito en la transición, a lo cual Venezuela está mejor equipada que países en crisis económicas de tipo fiscal, como Grecia. Lo mismo la clase media, los empresarios, los militares en rebelión: si se frena la inflación, se genera un ingreso real adecuado para sus necesidades, entonces, entrarán en el pacto. Así, lo que creen (un gobierno distinto, mejor para ellos y para todos los demás jugadores), se transforma en una profecía autocumplida. Porque las creencias se transforman en acciones que producen el futuro en que creyeron. Todos los jugadores se convencen de la necesidad de coordinarse para unir fuerzas contra el gobierno. Se activan las fuerzas potenciales que son muy superiores a las del gobierno.

   3. La relación entre “principal” y “agente”

En teoría de juegos, el dueño de una empresa es el “principal”. El gerente es el “agente”. Como en la empresa, el soberano, como dueño que es, debería decidir el destino del país. Pero en Venezuela, como en los países que padecen la enfermedad del rentismo, los representantes sirven de agentes de otro “principal” ilegítimo: los caza-renta (Gobiernos de turno y buena parte de la oposición). En vez de tener democracia, se tiene entonces partidocracia, capturada por los caza-renta, y se expropia así al pueblo de su soberanía. Es vital, pues, que para salir de los verdaderos enemigos, que tengamos en el pacto al jugador “sociedad civil”, representado por sus mejores y más genuinos proxis. Aunque no sea realmente el Principal, que es todo el pueblo venezolano, estaría representado por sus mejores expresiones organizadas. Y es importante que los proxis de la sociedad civil sean independientes de los partidos políticos, por la misma razón. En Venezuela la partidocracia es tan fuerte, que una buena parte de los líderes de la sociedad civil, como sindicatos, federaciones estudiantiles, gremiales, comunidades, etc, son militantes de partidos políticos, en vez de representar los intereses de sus asociados y comunidades, siguiendo la línea de los partidos a la hora de las decisiones políticas. Ocurre menos en las comunidades que en los sectores. Por esta razón, solo asociaciones y líderes independientes de la sociedad civil deben ser parte del Pacto Republicano, ya que los partidos, incluso los del coraje, están representados por ellos en el pacto.

   4. Juegos de señales, y el “equilibrio separador”

En este proceso político ha habido un proceso de deslinde en la dirigencia opositora, entre los del coraje y los cohabitadores. Fue importante hito en la Asamblea Nacional el proceso de votación con respecto a Zapatero. Los cohabitadores quedaron al descubierto. Porque no pudieron dar una “señal costosa” (como se conoce en la teoría de los juegos de señales), sus compromisos no les permitieron diferenciarse, pues el costo de hacerlo era muy alto. La votación permitió a los del coraje diferenciarse ante la población. Se trata de conocimientos que vienen de juegos dinámicos con información asimétrica, en que la existencia de ese tipo de señales permite a los que tienen más capacidad, habilidad, consistencia y consecuencia con los que reciben las señales (en este caso el pueblo venezolano), diferenciar claramente unos de otros. Esto permite salir de un “equilibrio agrupador”, en que los camaleones se esconden y pasar a un “equilibrio separador”, en que la sociedad está viendo quiénes son los camaleones que no tienen capacidad de mimetizarse. Aquí se da el criterio político de que “la mujer del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo”. Aunque es solo un inicio imperfecto, es algo histórico, pues ni en la cuarta ni en la quinta república, ha ocurrido algo así. Esta teoría de juegos de señales nos permite estar más claros sobre el principio fundamental que usa el proyecto del Pacto Republicano: unirnos solo a los jugadores que quieren salir de este régimen y de su modelo. La unidad no es con todos los que se dicen opositores, pues los camaleones deben ser puestos de lado.

   5. Punto fijo estable de equilibrios dinámicos

En procesos dinámicos, se conocen los equilibrios estables y los inestables. Un equilibrio dinámico es un “punto fijo” (es decir, que si estás en él; el próximo período seguirás allí), es estable si, cuando sales de él converges de nuevo, a partir de iteraciones sucesivas. Es inestable si, al salir de él, diverges a él nuevamente. En Venezuela, hemos estado por demasiado tiempo en un “punto fijo” de dominación del modelo caza-renta, que ha sido estable luego de varios desvíos temporales —como el pacto de Punto Fijo en sus primeros tiempos— o el gobierno de CAP II. Pero esta crisis actual ha sido tan abismal, que el equilibrio puede convertirse en inestable dependiendo de la ruta que siga el país: la cohabitación o el coraje. Pues hemos salido del punto fijo, pero no está claro todavía si se mantiene el sistema rentista como el estable, al cual convergeremos luego de que salga Maduro. Por su parte, los aspirantes a seguir con ese modelo a través de un cambio gatopardiano, están también siendo identificados, por el equilibrio separador del juego de señales que estamos presenciando. Así pues, estamos saliendo del punto fijo del equilibrio caza-renta. El pacto republicano, por diseño institucional, proyecta un nuevo equilibrio estable distinto: el desarrollo sustentable y armónico que nos lleva a una verdadera república. Y va a trabajar para que la salida del punto fijo del equilibrio rentista signifique la fijación de este nuevo equilibrio estable. Es claro que si tenemos éxito —que es lo más probable—, nos iniciaremos en un punto alejado del nuevo equilibrio. Pero el cambio de estructura asegura, en primer lugar, garantizar en la transición que salimos definitivamente del modelo rentista al colocar el remedio institucional (fondo petrolero tipo Noruega) y convergencia hacia él en el largo plazo en un proceso natural de aprendizaje, al estar los incentivos de los jugadores alineados con el carácter del nuevo equilibrio.

   6. Diseño institucional, estructura, y la cultura del venezolano.

Si cambiamos el juego, cambiamos el comportamiento de los jugadores. Si cambiamos la estructura, cambia la cultura. Pero sabemos también que el aprendizaje toma tiempo. Lo bueno es que si se afianza el nuevo juego, se converge con el tiempo al comportamiento adecuado de los jugadores, para llegar al nuevo punto fijo, que en este caso es un equilibrio dinámico. Los cambios de modelo, de juego, que propone el pacto republicano implican la salida el rentismo petrolero. Es la cura para la peor enfermedad que tenemos. Al no haber carne, no habrá zamuros. La corrupción, pública y privada, se minimizará. La descentralización territorial e institucional serán resultados naturales del empoderamiento democrático de la ciudadanía. Del militarismo pasaremos a la función normal de la institución armada para la defensa de la soberanía territorial. Pasaremos del populismo rentista a la igualdad de oportunidades en que cada persona determina con su esfuerzo, su destino. Habrá desarrollo productivo de los sectores transables, agricultura e industria. Y tendremos estabilidad macroeconómica. El resto de las reformas institucionales, listadas abajo, fortalecerán esos efectos y nos conducirán al desarrollo productivo endógeno armónico y de convivencia democrática. La fundación de una verdadera república como querían realmente nuestros fundadores y reformadores, afianzando nuestras raíces originarias. La cultura del venezolano será el resultado de todo este proceso, rescatando sus orígenes y potenciándolos en el bueno sentido, sin olvidar lo espiritual y los valores éticos que vienen del cambio de estructura, tal como dicen las investigaciones especializadas en ese sentido, imprescindibles para la convivencia y la tolerancia de la diversidad y respeto a las minorías.

2. Matriz de pagos de los jugadores. Ganancias netas

En este apartado comentamos el contraste entre lo que obtiene el jugador respectivo si coopera con los otros, con el que obtiene si no coopera en un período y si en lo sucesivo no hay cooperación. En la teoría y en la práctica, lo primero es superior a lo segundo y aquí se hace el contraste para cada jugador. Este análisis es necesario para justificar el equilibrio cooperativo del juego repetido: el valor presente para cada jugador de cooperar con los otros jugadores en el pacto, es superior a si no sigue voluntariamente las condiciones del pacto y se desvía de él para obtener una ganancia superior aprovechándose de la cooperación de los demás. Esto logra el milagro que implica convertir un juego estático, de conflicto entre los jugadores, en uno dinámico, de cooperación y beneficios sustanciales para todos. Con el cambio de juego, se produce un cambio en el comportamiento de los jugadores. Incluso como egoístas, van a dejar de lado las tentaciones de desviarse para usufructuar unilateralmente el rentismo.

   1. El soberano, sociedad civil.

Tiene todas las de ganar con el acuerdo y mucho que perder si no se da. Si siguen las cosas como están o incluso si viene un nuevo gobierno que sea capturado por los caza-renta, perderá la oportunidad de instaurar una república con democracia, como hemos dicho. Con el pacto, podrá aspirar no solo a salir del sótano en el que estamos, para ir a la planta baja con un nuevo gobierno. Sino que puede aspirar a la modernidad, al progreso, con justicia para todos. Acceder a los pisos superiores. Se benefician los empresarios no caza-renta, los trabajadores, estudiantes, comunidades, regiones, etc. Acabar con los efectos nefastos del rentismo: subdesarrollo de los sectores agrícola y manufacturero, para proveer el mercado interno y exportar, inestabilidad macroeconómica que impide la inversión privada de largo plazo, caza rentismo con democracia débil, centralización territorial y administrativa, dependencia de poderes, militarismo, corrupción pública y privada y ciclos políticos del populismo rentista (los problemas de la enfermedad holandesa). Les conviene más trabajar, que tratar de vivir de las dádivas del estado que vienen de la renta, con las consecuencias de un país atrasado y destruido. Si se desvían del acuerdo consiguen pan para hoy y hambre para mañana. De manera similar, una nueva república significa participación descentralizada en la administración pública, tanto a nivel estadal, como a nivel municipal y comunitario. Esto mejora sustancialmente, como se sabe en la literatura especializada, y por la evidencia empírica, la eficiencia administrativa del estado, controlado así por el soberano, de manera óptima, en una combinación virtuosa entre democracia directa y democracia representativa. Es de mencionar especialmente el asunto de la seguridad personal. La gestión central no va a poder sola para sacar ese flagelo del país, y para controlarlo posteriormente. Las formas de autogobierno en esta materia van a permitir a la ciudadanía vivir en un ambiente mucho más seguro del que vivimos ahora. En un tiempo prudencial, unos quince años, podríamos estar a niveles de los países europeos desarrollados.

   2. La oposición política aliada del coraje, de todo el espectro ideológico.

Los partidos políticos, luego del fracaso de la MUD, no tienen garantizada la victoria contra Maduro si lo hacen solos. Mucho menos la victoria contra el rentismo petrolero, que es el próximo enemigo a vencer. La lucha se les había ido de las manos, y la ciudadanía los está desbordando, actuando por su lado, sin confiar en ellos. Es claro que a los partidos del coraje les conviene separarse de los partidos cohabitadores y formar una gran alianza con los otros jugadores para potenciar su fuerza, rescatar el estado de derecho y optar por competir por la representación del soberano en elecciones democráticas. No se puede culpar a un banco que no le dé crédito a un inversionista que malgastó el dinero que le prestaron. No le tiene confianza. El banco aquí es la ciudadanía, que dio un gran capital político a la MUD el 6D del 2015. Debe ser un nuevo inversionista el que pida el crédito. A un banco que está quebrado si no tiene dónde invertir. La gente (el banco), sí que daría el crédito al nuevo inversionista que ha sido consecuente. Además de ese deslinde, los partidos del coraje deben buscar la incorporación adicional de líderes de izquierda y centro izquierda, no comprometidos con el gobierno, ni con la corrupción, que están siendo hundidos con el naufragio del chavismo. Esta izquierda democrática tendría poco futuro político en democracia si no diferencian su ideología de la administración del règimen, signada por la corrupción, la ineficiencia, el tráfico de drogas, el terrorismo, el fascismo, el estatismo, la destrucción de la institucionalidad y la democracia. La amplitud en la dirigencia, garantizaría la incorporación del pueblo en barrios populares, no solo los de clase media. La gestión del gobierno de transición, debe ser de centro, para garantizar gobernabilidad. Para luego volver al juego normal de la democracia, en que se contraponen ideologías, programas, candidaturas contrapuestas.

   4. La Fuerza Armada

En su gran mayoría los miembros de las Fuerzas Armadas saben que han perdido prestigio, además no tienen el monopolio de la fuerza fáctica en el país, por la somalización en todas las regiones. La soberanía nacional territorial se está perdiendo a pasos agigantados. También saben que la situación económica, social y política es insostenible para ellos. A pesar de algunas prebendas que han tenido, no son suficientes para solventar alimentación y bienestar de ellos ni de familiares. Están conscientes que este gobierno ha matado la gallina de los huevos de oro. Que es más conveniente vivir en un país en que tengan un sueldo real respetable, en que sus hijos y nietos disfruten de un futuro promisorio como país desarrollado. Desviarse al caza-rentismo de nuevo, luego de que caiga el régimen, no sería productivo ni garantizarían un futuro y un país para sus hijos.

   5. La comunidad internacional

Le conviene un país en que el estado no es usado por el gobierno para tráfico de drogas, terrorismo, guerrillas y otros negocios ilegales perjudiciales para ellos. Que no se dé una emigración no deseada, que genere problemas importantes al interior de los países afectados. Les interesa un país aquí que respete los derechos humanos, incluyendo los de garantías para su bienestar económico y social, y se rija por las normas de convivencia internacional, que evite esa emigración desordenada de altos costos internos de esos países. El acuerdo permitiría esperar y organizar la repatriación voluntaria de venezolanos emigrados por razones económicas y políticas. Les conviene terminar la hegemonía del estalinismo cubano sobre Venezuela. Y los negocios sucios de Rusia en nuestro país. Parar la hegemonía económica y comercial de China. Establecimiento de relaciones de mutuo beneficio con los países de la región, con respeto e independencia nacional.

3. Costos implícitos de los jugadores

Es útil expresar, además de las ganancias netas, lo que se espera que cada jugador aporte para el pacto: se obtendrá un beneficio, a costa de un esfuerzo que los demás jugadores pueden exigir del jugador respectivo.

   1. La Sociedad Civil

   • En el corto plazo, debe continuar la lucha de calle, uniendo esfuerzos entre distintos sectores para fortalecer la estrategia del coraje frente al régimen. Trabajadores y empresarios deberían unirse para una estrategia de fuerzas —dejando de lado contradicciones normales— para tener más fuerza a la hora de una calibración final contra el régimen, en consonancia con los otros jugadores del pacto. Conservar la independencia con respecto a los partidos y agrupaciones partidistas, pues tenemos como sociedad civil, intereses comunes.  Las divisiones vienen tanto por intereses del gobierno, como por intereses de protagonismo de los partidos en pugna. Más bien nuestra unidad debe ser el elemento que cohesiona y une a los demás factores del pacto.

   • Participar en el gobierno de coalición nacional, poniendo de su parte para que la inversión privada pueda arrancar sin trabas ni conflictos innecesarios. Por ejemplo entre los trabajadores y empresarios.

   • En el mediano y largo plazo: renunciar a las prebendas del rentismo petrolero. En el caso de los trabajadores, renunciar al sobre-dimensionamiento del estado, con empleos innecesarios y sin rendición de cuentas. Los empresarios, renunciar al rentismo en el proceso de otorgamiento de divisas, a los contratos públicos por influencias y con porcentajes para  la corrupción. Aceptar las normas de una economía competitiva, con  acuerdos en una carga impositiva a los estándares de Colombia, Chile y Perú, donde  el impuesto fiscal no petrolero llega a más de 23% del PIB. Esto último no es excesivo incluso para estándares actuales, donde el impuesto de facto es mucho más grande que el recibido por el fisco, pues los recaudadores cobran significativas vacunas, que serían eliminadas en el nuevo orden de cosas.

   3. Los partidos y agrupaciones políticas de coraje.

   • En cuanto a los partidos del coraje, deben resolver sus diferencias internas, sus aspiraciones a ser los únicos jefes de la oposición política del país y abrirse a un comando político unificado más allá de su organización. Estar dispuestos a anunciar públicamente un programa de gobierno concertado con los otros jugadores. Anunciar candidatos acordes con el sentir de la sociedad civil, de un nuevo liderazgo, a ser electo en el proceso de Consulta tipo 16J para ser presidente en el gobierno de transición. Por consenso con los otros jugadores del pacto. Estar dispuestos a esperar el tiempo requerido para el gobierno de transición, para encauzar la economía y la sociedad. Para eso es necesario  hacer  una reforma constitucional ad hoc, en acuerdo con los otros jugadores.

   • En cuando a los partidos de izquierda o centro izquierda, unir fuerzas con los otros jugadores, no solo por su lado, sino en conjunto. Estar dispuestos a aparecer públicamente, en una misma foto, con la oposición política aliada que ellos han estigmatizado “de derecha”, la sociedad civil no alineada y la fuerza armada institucional “no izquierdista”. Colaborar en el gobierno de transición para que haya gobernabilidad. Se requiere conformidad del chavismo de base para que no se siga con el populismo rentista. Renunciar a las bolsas del CLAP, a ser sustituidas por una transferencia directa de dinero que cada quien puede usar como quiera, sin preferencia por el chavismo. Sabiendo que no vienen despidos masivos pero con un plan de relocalización voluntario para trabajadores en condiciones mutuamente aceptables. Renunciar a “conquistas” que perjudican la recuperación de la economía como la inamovilidad laboral, dentro de las medidas de mutua conveniencia para generar empleos bien remunerados que vienen del aumento de productividad y del aumento de la demanda de trabajo.

   3. La fuerza armada.

Renunciar al militarismo, el sobredimensionamiento del estamento militar que viene del rentismo petrolero y de la estrategia política de los regímenes de Chávez y de Maduro. En particular, renunciar a la empresa petrolera y minera. A tantos cargos en ministerios y empresas del estado. Recuperar su posición de defensa de la nación, según lo dicta la constitución. Dada la importancia de este estamento, hacemos un apartado especial sobre los criterios básicos de su reinstitucionalización, para que obedezca a los criterios de una fuerza armada moderna y republicana, por ejemplo, tener un civil como ministro de la Defensa. Aunque puede verse como un costo, en realidad es un beneficio no solo para la nación, sino para sus miembros y su institución. El apartado se llama “Ámbito Seguridad y Orden Público, incluyendo Fuerza Armada”

   4. La comunidad internacional.

Seguir el excelente trabajo del Secretario General de la OEA, Luis Almagro. Lo mismo en relación al grupo de Lima, el gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea. Seguir con las sanciones contra los delincuentes de todo tipo en el gobierno. Presionar al gobierno para que termine su secuestro del pueblo venezolano. Ayudar con alimentos y medicamentos en envíos al país por medios independientes para aliviar la penuria del pueblo venezolano. Presionar para la liberación de los presos políticos y el respeto de los derechos humanos en el país. Y ayudar a ofrecer un salvoconducto para que Maduro y sus cooperadores inmediatos dejen el país cuando haya la negociación respectiva. Dada la acción del Departamento de Justicia de los EEUU, el salvoconducto sería negociado con mandos medios y bajos de la fuerza armada, que entreguen a Maduro, Diosdado y El Aissami, actualmente solicitados o que les propongan viajar a países que los puedan acoger, como Cuba, Irán, Rusia o China.

IV. Bases Fundamentales del derecho político-económico y social

Para resolver la crisis y el conflicto precitados, se requiere con urgencia un cambio político que conduzca a la instauración de orden constitucional-democrático y a la reconstrucción nacional sobre bases sociales y políticas sólidas. Este proceso de cambio político tendrá como bases fundamentales, las siguientes.

   • El derecho a la restauración democrática

La titularidad de la soberanía y del poder constituyente originario, así como el derecho a restaurar el sistema de libertades, son principios y derechos naturales inherentes a nuestra condición humana. Por tanto, su existencia, vigencia y extensión, no están determinados ni limitados por su reconocimiento (o no) en normas constitucionales (artículos 5, 70, 72, 73, 347, 333, y 350) o por las aviesas interpretaciones que sobre éstos hagan los detentadores del poder con vocación totalitaria y delincuencial. El derecho a restablecer el sistema de libertades tiene fundamento en el principio de necessitas (necesidad política), que a su vez, es el que legitima todo el sistema (constitucional) con base al cual, para situaciones excepcionales, deben adoptarse medidas excepcionales.

En tal sentido, la situación de vacancia y usurpación que impera, no solo en el desgobierno nacional, sino también en las gobernaciones, alcaldías y consejos comunales, la designación de gobiernos interinos en cada una de esas instancias puede, y debe darse, de acuerdo a la voluntad del soberano y por liderazgo de este Pacto Republicano por decisión de asambleas ciudadanas vinculantes en los sitios respectivos, resguardando también los bienes públicos en el lugar, evitando el pillaje y posibles linchamientos. Estos gobiernos locales interinos surgen (o son ratificados, en caso de que la autoridad en el poder sea bien visto por la población) a través de Cabildos Abiertos. Pero deben ser ratificados o revocados en una elección posterior, en unos tres años, luego de tener un CNE y un REP adecuados, que garanticen todos los derechos electorales respectivos.

Es bueno dejar sentado claramente que la acción de la fuerza armada para restituir el estado de derecho tiene una sólida base jurídica. Primero, el principio de necessitas (necesidad política). Segundo, artículos 333 y 350 de la Constitución. Tercero, el Preámbulo de la Declaración de Derechos del Hombre ONU.

   V. Bases socio-económicas y jurídico-institucionales del pacto

1. Introducción.

a) El proyecto político-institucional. Meritocracia

La restauración del orden constitucional y democrático deberá tener como eje rector el proyecto político que subyace en una Constitución adecuada: el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia. De hecho, nuestra Constitución vigente lo contempla en el Art.2.

Un principio importante para salir del rentismo petrolero y sus brazos políticos, la partidocracia y la cleptocracia, es establecer la meritocracia como criterio de aceptación y promoción de personal en la gestión del estado en todos sus órganos. Para tener también un estado no solo de derecho y de justicia, sino también de servicio. Servicio al soberano: el dueño de la república, que se merece la mejor gestión en los órganos del estado, que estén optimizados para la eficiencia productiva en lo administrativo. Que no sean los criterios del amiguismo, el nepotismo, el tribalismo, el partidismo, el cogollerismo y otros males, los que dicten la admisión y promoción de personal. Sea en las instancias civiles, militares y policiales.

b) El proyecto económico

Podemos partir inicialmente de la Constitución vigente, en la que se consagra un régimen concurrente entre el Estado y el sector privado (art. 299), dada la urgente necesidad de un rescate económico bajo una orientación distinta a la establecida no solo durante los últimos 20 años, sino en los años anteriores caracterizados todos por el rentismo petrolero, en mayor o menor medida, aunque hayan tenido ropajes ideológicos diferentes. Por eso, se conviene en promover un régimen económico donde las dinámicas de mercado, adecuadamente reguladas por el Estado, a todos los niveles territoriales, orienten la toma de decisiones de los actores económicos, favoreciendo el desarrollo de capacidades que, a partir de una igualdad de oportunidades socio-económicas y la propiedad ciudadana soberana de la cosa púbica, permitan el desarrollo personal y colectivo en libertad y con responsabilidad ciudadanas en un entorno ambiental adecuado y protegido. De la misma manera, se favorece el desarrollo de mecanismos de producción e intercambios solidarios independientes del estado decididos por los ciudadanos a motu propio, incluyendo las comunidades en la Internet y sus redes sociales, y el de las instituciones religiosas de ayuda al desvalido. Como requisito, este régimen económico debe, por diseño, establecer las bases para salir del rentismo petrolero y todos sus males estimulando y garantizando la inversión nacional y extranjera que necesitaremos para la reconstrucción y el desarrollo nacional integral.

   2. Medidas socio-económicas.

Medidas inmediatas con objetivos de impacto en el largo plazo.

   1. Económico y social:

       1. Establecer un Fondo petrolero-minero para inversiones tipo Noruega. Complementado con un Fondo de pensiones del mismo tipo. Para salir del rentismo petrolero-minero, con una economía de mercado, con estado regulador y justicia en lo social. Esta solución del rentismo tendrá rango constitucional.
       2. Dirigir esfuerzos urgentes a combatir las condiciones de pobreza extrema que han generado largos años de orientación ideológica demagógica, populista, irresponsable y corrupta.
       3. Definir e implementar las políticas, decisiones y medidas necesarias para el saneamiento y transparencia de la gestión pública.
       4. Definir, con sentido estratégico y de futuro, una nueva política petrolera, minera y de industrias básicas, incorporando las decisiones privadas de manera fundamental en materia de inversiones.

   2. Político-institucional:

1. Restaurar el orden constitucional y democrático para asegurar el funcionamiento pleno del Estado de Derecho. Incluir en esto de manera especial las regiones, municipios y comunidades, con protagonismo popular, no solo con los mecanismos adecuados de representación y sus mecanismos de justicia.
2. Reinsertar a Venezuela en el concierto de las naciones civilizadas y democráticas, e implementar los mecanismos para su retorno pleno al SIDH, y a los acuerdos de integración regional que sean de interés nacional.
3. Adoptar las medidas necesarias que aseguren a la Fuerza Armada Nacional el retorno a su rol institucional y se le devuelva su nivel de operatividad para asegurar el cumplimiento de sus funciones institucionales.
4. Garantizar el poder del soberano y salir de la partidocracia y la captura de los caza-rentas. En este sentido, modificar la constitución y las leyes:
1. Eliminar la re-elección indefinida (por los abusos de uso de recursos públicos en lo institucional y económico para el populismo rentista).
2. Eliminar el presidencialismo y fortalecer las decisiones democráticas del soberano, como la segunda vuelta electoral.
3. Garantizar la independencia de poderes (Asamblea Nacional, Fiscalía, Contraloría, Defensoría, Tribunal Supremo, Banco Central, Fondo Petrolero y Fondo de Pensiones)
4. Garantizar y profundizar descentralización territorial, (incluyendo eliminar alcaldías y gobernaciones paralelas), con la conformación de un nuevo federalismo político. A nivel comunitario también debe haber instancias de gobierno, teniendo en cuenta las ventajas de la gobernanza a esos niveles. Por eso, los consejos comunales y sus leyes serán reestructurados para eliminar su cooptación y división de la comunidad, por parte de gobierno nacional y así garantizar amplia participación y democracia, eliminando trámites burocráticos relacionados con el control político que ha tenido este gobierno cuasi-estalinista en las comunidades. Es de hacer notar que para dar coherencia a todos los niveles de gobierno, los gobiernos comunitarios no pueden constituirse en obstáculo de los municipales, sino más bien en mecanismos para mejora de la gestión a nivel de la ciudad. Deben coordinarse todas las instancias de gobierno para garantizar su coherencia, partiendo del principio de subsidiariedad.

Medias inmediatas específicas con objetivos de corto y mediano plazos.

   1. Para que tenga éxito el gobierno de transición, el presidente debe apoyarse en el Pacto Republicano para garantizar gobernabilidad, con los tres primeros jugadores formando  parte de su gestión transitoria, con las alianzas internacionales del cuarto jugador. Las  medidas básicas para la transición de bastante consenso entre los economistas,  serían: solvencia, liquidez, confianza, en un entorno político de gobernabilidad.

a) Solvencia fiscal, y soberanía monetaria y cambiaria. Con estas medidas, se espera recaudar un buen porcentaje del PIB, contribuir a cerrar la brecha fiscal, frenar la emisión de dinero para financiar esa brecha. Solo pierden los buscadores de renta. El resto de la sociedad gana, sin bajar el gasto real ni subir impuestos. Es un ajuste de economía política, no ajuste clásico. No habrá despidos masivos. Ni siquiera a quienes han sido empleados por motivos políticos. Se emprenderá un proceso de de mejora en la eficiencia administrativa, con reducción natural de personal, pero de manera voluntaria, mutuamente acordada de acuerdo a procesos estándares en esta materia. Las medidas son:
i. Unificación cambiaria al tipo de cambio de mercado, con oferta diaria centralizada en el BCV, y el precio lo fija el mercado. Se trata de un sistema de flotación limpia (de mercado) del tipo de cambio para todas las transacciones: corrientes y de capital.
ii. Frenar inmediatamente la emisión de dinero sin respaldo, eliminando la causa hiperinflación y su efecto.
iii. Liberación de precios no-monopólicos.
iv. Subida del precio de gasolina para eliminar contrabando.
v. Subida de precios de electricidad, agua, gas, teléfono.
vi. Eliminación de importaciones públicas y distribución de CLAP.
vii. Eliminación de subsidio a Cuba y Petrocaribe.
viii. Al eliminar los subsidios indirectos, se establece una transferencia directa a cada venezolano en el año inicial. Unos 15 dólares mensuales por venezolano para compensar la subida de precio de gasolina y servicios públicos. Financiado por aumentos de ingresos fiscales y financiamiento externo, con balance fiscal inmediato, congruente con el freno a la emisión de dinero sin respaldo.
b) Liquidez nueva en dólares: nuevo endeudamiento externo por unos $50 millardos. Para pagar parte de deuda interna, restructuración de la externa, apalancar importaciones de insumos y de abastecimiento de emergencia alimentaria y de medicinas. El Pacto propondrá, buscando acudir al FMI y otros organismos multilaterales para esta asistencia, pues es más conveniente desde el punto de vista económico, por la facilidad de pago, lo barato del crédito y el aval frente a los mercados internacionales. Acudir también al sector financiero privado internacional para préstamos inmediatos. Ambos se pueden hacer, con las nuevas condiciones. El consenso político es esencial en esta materia también para el nuevo gobierno. Para la gobernabilidad.
c) Confianza:
i. Garantizar la propiedad privada: Favorecer la iniciativa privada y garantizar las condiciones de su operación, para el fomento productivo de bienes y servicios de calidad, la generación de fuentes de trabajo y así lograr el aumento del nivel de vida de la ciudadanía.
ii. Ofrecer, a precios de tipo de cambio de mercado, la parte considerada esencial de los compromisos de insumos en dólares del estado.
iii. Resolver el asunto de las expropiaciones de empresas y fincas. En caso de que los bienes expropiados no se haya pagado su precio, se realizará la devolución respectiva, y una justa indemnización. En los casos de los pagados, se realizará una privatización inmediata, facilitando los mecanismos pertinentes para hacerla. El gobierno tomará en cuenta el interés de los trabajadores y campesinos, en el entendido que no habrá maltratos laborales, sino una transición como en el caso de los empleados públicos.
iv. Levantar la inamovilidad laboral.
v. Revisar la ley del trabajo en comisión tripartita, con trabajadores, empresarios y gobierno.
vi. Nuevo equipo económico con credenciales de conocimiento y solvencia ética. También en la presidencia el BCV y todo su directorio. Que haga el anuncio respectivo al país y al mundo.

   2. Anular la írrita, ilegítima e ilegal figura de la ANC ilegítima. Acatar los mandatos de la Consulta del 16J, e invocando los artículos 350 y 333, se conforma, con magistrados, rectores que sean de aceptación mutua para los jugadores, sin cuotas de partidos (personas honestas y capacitadas, no por cuotas de partidos o jugadores):
       a) Nuevo CNE, con rectores independientes, capacitados y probos de la sociedad civil, para que funjan como árbitros electorales que reflejen la voluntad de la población y no obedezcan a intereses particulares ni de grupos de poder. 
       b) Nuevo TSJ. Criterios similares. 
       c) Nuevo Defensor del Pueblo. Criterios similares. 
       d) Nuevo Contralor General. Criterios similares. 
       e) Nuevo Fiscal General. Criterios similares. 
       f) Nuevo presidente y directorio del BCV. Criterios similares, con su capacitación adecuada. 
       g) Reformas a la constitución, como las mencionadas. 
   3. Designación inmediata de gobernadores, alcaldes, asambleas legislativas, consejeros. En Cabildos Abiertos. Elegir Consejos Ciudadanos Electorales para elecciones generales tipo 16J en esas mismas instancias, y en gremios, sindicatos, etc. 
   4. Hacer elecciones de revocatorio de los diputados de la AN y elección de nuevos, que representen la voluntad del soberano, pues muchos decepcionaron a los venezolanos.

Medias de emergencia y medidas complementarias, con objetivos inmediatos para el gobierno de transición

Las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos democráticos aquí firmantes, convienen en que la transición a la democracia, se deberán tomar de manera perentoria, las siguientes medidas:

5. Adoptar medidas urgentes que permitan, en lo inmediato, rescatar a millones de venezolanos de la inopia, el abandono y la indignidad, a la que han sido arrojados por un régimen tiránico y sádico. Que incluyan la solicitud de ayuda humanitaria internacional y su implementación expedita, así como programas de emergencia alimentaria y sanitaria.
6. Favorecer el reencuentro de la familia venezolana, asegurar la paz social y reivindicar la dignidad de las personas, su libertad de expresión, de afiliación político-partidista sin menoscabo a ninguno de sus derechos ciudadanos.
7. Tomar todas las medidas necesarias para asegurar el respeto de la ley e impedir la impunidad.
8. Favorecer la iniciativa privada y garantizar las condiciones de su operación, para el fomento productivo de bienes y servicios de calidad, la generación de fuentes de trabajo y así lograr el aumento del nivel de vida de la ciudadanía.
9. Definir e implementar las políticas, decisiones y medidas necesarias para el saneamiento y transparencia de la gestión pública.
10. Favorecer la estabilidad macroeconómica coordinando las políticas fiscal, monetaria, cambiaria y aquellas sectoriales y deslastrarla de controles perniciosos generadores de sesgos improductivos y conniventes.
11. Definir, con sentido estratégico y de futuro, una nueva política petrolera, minera y de industrias básicas.
12. Dirigir esfuerzos urgentes a combatir las condiciones de pobreza extrema que han generado largos años de orientación ideológica demagógica, populista, irresponsable, y corrupta.
13. Reinsertar a Venezuela en el concierto de las naciones civilizadas y democráticas, e implementar los mecanismos para su retorno pleno al SIDH, y a los acuerdos de integración regional que sean de interés nacional.
14. Adoptar las medidas necesarias que aseguren a la Fuerza Armada Nacional el retorno a su rol institucional y se le devuelva su nivel de operatividad necesaria para asegurar el cumplimiento de sus funciones institucionales.

   5. Ámbito estratégico-político:

Las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos democráticos aquí firmantes, asumen un compromiso de alto contenido patriótico y ético: la restauración del orden constitucional y democrático. Para asegurar la consolidación de la obra restauradora, el traspaso del poder a autoridades civiles electas en comicios libres, justos y competitivos, deberá hacerse tan pronto esté garantizada la estabilidad del sistema político. Este periodo no podrá ser superior a los 3 años, contados a partir de la fecha de la instalación del Gobierno de Unidad Nacional, como se planteó en la táctica propuesta.

La transición considerará diversos ámbitos de acción de forma simultánea, a saber: Tomando en consideración, en este ámbito, las calificadas recomendaciones de las Academias (Ciencias Políticas y Sociales y Ciencias Económicas) y del Bloque Constitucional, el periodo de transición ha de focalizar su esfuerzo restaurador en:

1).- Reinstitucionalización, pacificación y reconciliación nacional:

i.- Reinstitucionalización:

   1. Restitución de las competencias de gobernaciones y alcaldías en materia de salud, infraestructura, vialidad, entre otras (sometidas a un control de gastos por proyectos).
   2. Restablecer las competencias de la Alcaldía Mayor. 
   3. Revisión del marco legal vigente y designación provisional de funcionarios honorables y competentes al frente de las instituciones fundamentales del Estado.
   4. Designación de un Consejo Consultivo de Gobierno.
   5. Revisión de todos los contratos de interés público suscritos por el régimen de Maduro
   6. Designación de una verdadera Comisión de la Verdad, y una Comisión Anti corrupción.
   7. Creación de una oficina o comisión de repatriación de capitales producto de la corrupción. Revisión sistemática de deda odiosa, ilegal de ilegítima. Moninoreo de ingreso de dineros de lavado. 
   8. Para las instituciones en restructuración, usar el principio de la institucionalidad contra mayoritaria, cuyos representantes no estén sujetos a los vaivenes electorales (BCV, SENIAT, Consejo de Estado, Consejo económico, Fondo Petrolero y Fondo de Pensiones tipo Noruega, Corporación petrolera, Corporación minera, PROCOMPETENCIA, Protección al consumidor, etc.).
   9. Reorganización del Poder Judicial y del Poder Ciudadano teniendo en cuenta la participación del soberano, de la ciudadanía. 
   10. Eliminar todos los mecanismos a través de los cuales se alimentan el rentismo y los caza rentas.

ii.- Pacificación:

   1. Desarme de todo grupo u organización paramilitar, parapolicial, delictivo, terrorista o de cualquier manera al margen de la ley. Usando de manera sustantiva los autogobiernos y el derecho a la legítima defensa a nivel comunitario, sobre todo al inicio del gobierno de transición. 
   2. Liberación de los presos políticos y anulación de las inhabilitaciones ilegales a dirigentes políticos (conforme a la normativa vigente).
   3. Apertura en materia de libertad de expresión.
   4. Estudio sobre restitución de concesiones de radio y TV, de acuerdo a la normativa vigente.

iii.- Reinstitucionalización, pacificación y Reconstrucción Nacional:

   1. Establecer las bases para el desarrollo económico y social en las próximas décadas. 
   2. Estimular acuerdos gobierno-trabajadores-empresarios. Tripartita. 
   3. Fortalecer la organización de la sociedad civil a nivel comunitario, sectorial y en el resto de las instancias en que haya lugar. 
   4. Justicia para la transición.
       1. Incluye tribunal especial, independiente, tipo Nuremberg para violación de Derechos Humanos, corrupción y deudas odiosas, en particular el robo del gobierno y de personeros cubanos y otros robos de gobiernos y personas internacionales, entre ellos los de Podemos. Inhabilitaciones políticas a los transgresores. 
   5. Plan de inversiones.

C) Ámbito Socio-Económico, adicionales:

Tomar en consideración las recomendaciones profesionales de economistas y expertos en el área y tal y como se desprende de documentos expuestos por organizaciones universitarias y la Academia Nacional de Ciencias Económicas, el periodo de transición ha de focalizar sus esfuerzos en atender la crisis humanitaria, reversar el desmantelamiento del aparato productivo y la crisis de las finanzas públicas. A tal fin se plantea:

1.- Crisis humanitaria:

   1. Coordinar ayuda humanitaria internacional con organismos internacionales para la entrada inmediata de alimentos y medicinas. Integrar el proceso con el empoderamiento y organización ciudadanas a los  niveles  comunitarios, municipales y regionales, para lidiar con la emergencia. Estimular una campaña de voluntariado solidario en todo el país para atender población vulnerable.
   2. Desarrollar un programa de compensación social de emergencia, a través de transferencias monetarias a todos los venezolanos, como ya mencionó. 
   3. Utilizar las redes educativas para establecer sistemas de alimentación y ofrecer comidas diarias a menores y, eventualmente, a sus familiares directos. La organización de la red se apoyaría en padres y representantes y organizaciones de la sociedad civil, incluyendo las religiosas. 
   4. Establecer un plan de emergencia para hospitales y la red primaria de atención de salud.

2.- Urgencia económica y crisis de las finanzas públicas:

1. Estimular la reactivación de la producción nacional, con valor agregado, generación de divisas y creación de puestos de trabajo de calidad, productivos y bien remunerados.
2. Establecer un sistema básico de control de precios que propenda a su eliminación, para permitir la importación y comercialización libre de insumos, bienes intermedios y terminados.
3. Diseñar un plan (con miras a la privatización total o parcial) para la mejor gestión de la infraestructura y servicios básicos (agua, electricidad, transporte, telefonía, recolección de basura, Internet, entre otros).
4. Estimular la canalización de flujos financieros para el fomento del desarrollo productivo nacional.
5. Adecuar de la relación del mercado laboral con el proceso productivo
6. Estimular alianzas estratégicas entre universidades, academias, institutos técnicos y de investigación, con las empresas, para favorecer la mejor prestación de servicios y la competitividad.
7. Redefinir el papel del Estado en la economía y el rol del sector público en los sectores productivos clave (petróleo, electricidad, minería, telecomunicaciones); diseñar las reformas jurídico-institucionales que permitan el funcionamiento de una economía que combine el estado, el mercado y los mecanismos ciudadanos altruistas, respetando los derechos de propiedad, con actuación pública bajo el principio de subsidiariedad y con políticas acordes con las transformaciones globales; reinsertarse en los mercados globales e insertarse en nuevos espacios de integración y coordinación económica.

D) Ámbito Seguridad y Orden Público, incluyendo Fuerza Armada:

1. Introducción.

La Fuerza Armada Nacional, ha sido una de las instituciones más lastimadas durante los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro; la otrora “Reserva Moral” de la nación venezolana ha sido objeto de un sistemático proceso de degradación de principios y valores que formaban la conciencia colectiva de dicha institución, que a la sazón es heredera directa de la más sublime gesta independentista universal (por cuanto el Ejército Venezolano, bajo el mando de nuestro Libertador Simòn Bolìvar, es el único en el mundo en traspasar sus fronteras para libertar cinco naciones). El legado de Simón Bolívar y de los más destacados próceres de la independencia nos enseñaron que la Fuerza Armada (FAN) nació al calor de los ideales libertarios, al servicio de la República como máxima expresión democrática y representante de los intereses del pueblo soberano. El Libertador dejò muy claro en 1819 en el Congreso de Angostura que quería darle a la Gran Colombia un digno progreso en lo económico, lo social y lo institucional. La FAN fue diseñada por él para servir a los ciudadanos. No para servirse de ellos y mucho menos esclavizarlos. Tampoco para estar al servicio del cartel de mafias caza-renta y de la cual se han erigido en mafia regente y predominante, junto con la cubana. De hecho, la degeneración de la idea del libertador viene de antes, pues al diluirse su proyecto se formó una casta de militares caudillistas que fundamentaron la cultura que devino en lo que tenemos hoy en su máxima expresión: que el poder militar pugna por el control político, económico y social del país.

Desde el punto de vista de los ideales de Simón Bolívar, jamás llegamos a estar en una situación tan vergonzosa y degradante como la actual, donde la FAN sostiene a un régimen usurpador, genocida, dictatorial y entreguista de la soberanía nacional que oprime al pueblo venezolano, permitiendo que la ocupación cubana controle los más sensibles aspectos del Gobierno para alcanzar sus intereses, garantizando con su fuerza fáctica el Estado forajido que nos subyuga, que significa un emporio criminal de delincuencia organizada multinacional. Contrariamente al ideal del libertador, de liberar a los pueblos y servirlos, la FAN garantiza con su fuerza la esclavización y la miseria de los venezolanos.

A pesar de lo descrito, no se puede acusar a todos los soldados de esta situación. Existen en la FAN, por ejemplo, oficiales superiores que integran los cuadros medios de la institución, formados antes de la debacle de la llegada de Hugo Chávez al poder, que mantienen una lucha frontal, un compromiso real que va más allá de cualquier interés particular con el fin de libertar al país del régimen usurpador, de los ocupadores cubanos, para así poder iniciar un período de reconstrucción de la República y sus instituciones, que permitan sacar a Venezuela de la profunda crisis estructural en la que está sumida, caracterizada por la subyugación de la ciudadanía a la dominación del cartel de mafias caza-renta que mueven los hilos del poder en nuestro país. De hecho, la gran mayoría de los soldados venezolanos, sobre todo de rangos medios y bajos, pero también incluyendo una pequeña parte de la alta oficialidad, que están contra este orden de cosas y se quieren rebelar, para restablecer el honor bolivariano de la FAN, y rescatar al país, sus instituciones, sus ciudadanos y conducirlos a la nación de progreso que quería Simón Bolívar, ejemplo para todos los pueblos del mundo por sus orígenes libertarios e integradores.

2. Medidas de Seguridad y Orden Público.

Dado este diagnóstico específico de las FAN, seguidamente se listan las medidas de urgente implantación durante la fase del Gobierno de Transición a la Democracia, que den inicio al proceso de reinstitucionalización y garanticen la continuidad del desarrollo nacional post régimen caza-renta, que abarca no solo al chavismo-madurismo, sino también a parte importante de la oposición. Las medidas abarcan a todas las instituciones de seguridad y orden público, empezando por las FAN.

   1. Nombrar un ministro de la Defensa de carácter civil o en su defecto un militar retirado, que allane el camino y siente las bases para acabar con la cultura caudillista militar post-independentista que sólo ha contribuido a sumir a Venezuela en el atraso. El Ministerio de la Defensa, es el máximo órgano político-administrativo para la ejecución de las políticas públicas del Estado en materia de Seguridad y Defensa, por ende no debe ser ejercido por el general activo de mayor graduación de la FAN, pues esto lo convierte en una especie de caudillo, cuya posición de fuerza por las armas facilita lo que mencionamos: permite obligar al gobierno a mantener una relación de dependencia con respecto a la cúpula militar corrupta,  en vez de ceñirse a los intereses supremos de la República.

   2. La FAN debe contar con una estructura operacional bien diseñada, por medio de la cual el Presidente Constitucional como Comandante en Jefe de la FAN, debe ejercer el mando operacional de la FAN usando para eso el Comando Estratégico Operacional, cuya jefatura debe ser ejercida por el máximo cargo militar a que puede aspirar un oficial de comando activo durante su carrera. Son innumerables los ejemplos de países desarrollados y democráticos, en donde el Ministerio de la Defensa es un civil, para que pueda terminar de una vez por todas el conflicto de intereses que pone a las FAN al servicio de sus cúpulas corruptas y del cartel caza-renta en nuestro país. Venezuela merece ser exaltada a dichos niveles de progreso, de una vez por todas y transformarnos en una sociedad de avanzada incluso para estándares mundiales, por el legado de Simón Bolívar, ejemplo histórico sin parangón en la historia humana.

   3. Sólo puede existir un oficial activo que ostente el grado de General en Jefe o Almirante en Jefe dentro de la FAN, quien ejercerá el mando operacional delegado por el Comandante en Jefe y debe estar supeditado al poder democrático (civil) que controla el Ministro de la Defensa. Con esto se quiere el cese de la práctica que utiliza los grados militares como recompensas para esbirros, militares que sin ningún mérito ni justificación estructural dentro de la FAN, han sido ascendidos al más alto grado que se puede alcanzar en la institución armada.

   4.  Los Ascensos a los grados de Oficiales Generales o Almirantes deben ser evaluados por la Asamblea Nacional, ya que al alcanzar dicha graduación, citados oficiales pasan a ser hombres de Estado al servicio de la República. Para ello, el Comandante del CEO debe elevar una propuesta al Ministro de la Defensa quien la expondrá y someterá a la evaluación de la Comisión de Defensa de la AN, garantizando la transparencia del proceso y la correcta elección para tal designación conforme a los intereses del Estado y no a los de una persona, partidos o intereses extranjeros, como lo es hoy día.

   5. Tras el cese de la usurpación, el control de la FAN debe ser asumido por la promoción de oficiales Coroneles pertenecientes a la promoción que le corresponde ascenso a General de Brigada en el año 2020 junto con una resolución que pase a retiro a todos los oficiales de comando y técnicos que tengan 26 años de servicio en adelante, por fases. Por ejemplo: si la transición a las elecciones libres dura un período de un año, se debe retirar una promoción cada mes y medio durante la transición, tiempo en el cual se determinará quiénes tienen responsabilidades penales y/o administrativas antes de ser pasados a retiro. Esta medida tiene que ver con que la gran mayoría de quienes hoy tienen grado de oficiales generales fueron ascendidos sin meritocracia por el régimen usurpador, obedeciendo a intereses de un partido político e intereses extranjeros, trastocando la soberanía nacional. Tampoco estuvieron a la altura del patriotismo y el legado del Libertador que deben ser los pilares fundamentales del comportamiento de todo militar venezolano, al sostener por la fuerza al régimen opresor durante veintiún  (21) años, llenando de oprobio la historia de la FAN.

   6.  Prohibición total del ejercicio de funciones en la administración pública, al personal militar activo, cualquiera sea su grado o jerarquía, clase o empleo. Por tanto, todo el personal militar que se encuentre en dicha situación al cese de la usurpación, debe ser puesto de inmediato a/o del MD. Uno de los capítulos más vergonzosos para la historia de la FAN, ha sido la militarización de la administración pública. Los niveles de corrupción, la mala gestión, la falta de preparación, aceleraron la dilapidación de las instituciones venezolanas (Ej. CORPOELEC, PDVSA, Ministerio de Alimentación, entre otros). Los militares deben estar para lo que fueron formados.

   7.  Prohibición del ejercicio de funciones de escolta y protección a personalidades del Gobierno o particulares, por cuanto no es una función legal que corresponda a la FAN, y genera una serie de vicios que soslayan la institucionalidad militar convirtiéndola en un suerte de “empresa de vigilancia” de las cúpulas corruptas del caza-rentismo. Además, la participación de ese personal militar es requerido e imprescindible en la institución a la que pertenecen y para la que fueron formados. Las funciones de escoltas y elementos de seguridad de funcionarios políticos nacionales, estadales y municipales pertenecientes al gobierno de turno son responsabilidad de las policías y no de la FAN.

   8. Reconducción de las funciones que ejerce la FAN con estricto apego las que establece la constitución y las leyes: Cualquier función que fuera del marco legal vigente que el régimen usurpador haya atribuido a la FAN debe ser cesada de inmediato durante la transición.

   9.  La Dirección General de Contra Inteligencia Militar, DGCIM, debe ser reestructurada para evitar que siga actuando como un cuerpo paramilitar y opresor político al servicio de un partido político, de caza-renta e intereses extranjeros con absoluta discrecionalidad y al margen del Estado de Derecho, como lo es actualmente. Por ende, la DGCIM debe pasar a depender funcionalmente del CEO, dado que el Ministerio de la Defensa será conducido por un funcionario de carácter civil cuya función es netamente administrativa. Así se convierte en la Dirección Conjunta de Contra Inteligencia Militar de la FAN, DCCIM. Así cumplirá con sus funciones (Contrainteligencia Militar) al servicio de la FAN, para lo que fue creada, ya que los servicios de inteligencia de la nación corresponden por ley a lo que actualmente se llama SEBIN y no a cuerpos paralelos que desvíen sus funciones para ostentar cuotas de poder dentro del Gobierno.

   10. Establecer una política comunicacional seria dentro de la FAN que anule toda practica tercermundista, donde cualquier oficial general activo que ejerza cualquier cargo de comando, busque protagonismo mediático para ostentar presuntos méritos y así alcanzar posiciones o ascensos, práctica muy común hoy en día instaurada por el régimen usurpador. La política comunicacional de la FAN debe ser conducida, controlada y supervisada por el ministro de la Defensa, quien la ejercerá personalmente o por portavoz autorizado, acompañado siempre por el Comandante del CEO como símbolo inequívoco de la subordinación del poder militar al poder civil en una República Democrática.

   11.  Instaurar un equilibrio de correlación de fuerzas dentro de la FAN entre los cuatro componentes militares que constitucionalmente la conforman, que contrarreste y elimine la cultura construida por el régimen usurpador de la hegemonía de un componente (ejército) por encima de los demás, al ejercer todos los cargos considerados de poder o estratégicos convirtiendo siempre al ministro de la Defensa en un caudillo dentro y fuera de la FAN. Ejemplo indigno, el soldado Padrino López, entre otros. Para ello se propone que los cargos dentro de la FAN que impliquen acción conjunta, como el  CEO, UMBV, UNEFA, DCCIM, IPSFA, Seguros Horizontes, CAVIM, DAEX, las REDI y ZODI, entre otros, deben ser ejercidos de forma alterna por oficiales de cada componente estableciendo períodos de gestión de por lo menos uno o dos años.

   12.  Los comandantes de REDI y ZODI deben dejar de ser autoridades autoimpuestas por la fuerza de las armas y por encima de los gobiernos regionales. Deben avocarse a sus funciones militares atribuidas por ley como Comandantes de Guarniciones Militares y de apoyo a las instituciones del estado, cesando así de inmediato las prácticas irregulares de ejercicio de funciones políticas y en materia de seguridad ciudadana que no le corresponden por ley. La FAN ejerce las funciones en materia de policía administrativa especial que le atribuyen las leyes por medio de la GN quien motivo a dicha dualidad funcional, en dichos casos es tutelada por el Ministerio de Interior y Justicia y no por los Comandantes de Guarniciones Militares, quienes, descuidando sus funciones propias de ley, se apropian de atribuciones que no le corresponden en busca de protagonismo político para congraciarse con el régimen usurpador. Las REDI y ZODI son los responsables de articular la acción conjuntas (aire, mar y tierra) y combinadas (Colombia, Brasil, EEUU) de la FAN en su jurisdicción, desarrollando operaciones militares conjuntas y permanentes, principalmente para la lucha contra cualquier grupo irregular, subversivo que por alianza con el régimen delinquen y se resguardan con impunidad en Venezuela (FARC, ELN, FBL, entre otros);  para luchar contra el contrabando de extracción, minería ilegal, mafias fronterizas, narcotráfico, seguridad rural, entre otros.

   13.  Establecer el plan progresivo de retiro de la Guardia Nacional inherentes al ejercicio de la seguridad externa de los centros penitenciarios y ser asumidos por la PNB como lo establece la ley desde hace varios años.

   14. Reestructurar la Guardia de Honor Presidencial, unidad creada en 1815 por el libertador Simón Bolívar, única y exclusivamente para la seguridad del Presidente de la República por su condición de Comandante en Jefe de la FAN, sus familiares y Jefes de Estado de otras naciones en visita oficial al país. No para custodiar ministros, gobernadores, alcaldes, autoridades políticas de un partido, entre otros.

   15.  Eliminar de inmediato todos los elementos propagandísticos (lemas, estandartes, entre otros)de culto a la personalidad, creados por el régimen usurpador para el adoctrinamiento de los militares activos en los cuarteles. Existe una ley de símbolos patrios donde se sintetizan todo los valores nacionales y patriotas de país.

   16.  Una vez cesada la usurpación, debe ser erradicado todo vestigio oprobioso de control cubano dentro de la FAN y demás instituciones del estado. Debe exigirse el retorno inmediato del oro robado a la república fruto de los acuerdos políticos de la usurpación, incluso desde Chávez.

   17.  Establecer un comité de evaluación durante la transición, conformado por los Oficiales integrantes de la Fuerza de Tarea que liberó al país, que evalúe todas las propuestas dirigidas al ciudadano Comandante en Jefe para la reincorporación a la FAN de profesionales militares retirados producto del exilio u otras circunstancias. Esto garantizará el retorno del personal militar injustamente tratado, a la vez que evitar que se reincorporen elementos no aptos en la FAN que enturbien la reinstitucionalización de la misma.

   18. Eliminar de inmediato el SEBIN, e instituir una agencia para asuntos de función similar, a ser llamada, por ejemplo, Agencia Venezolana de Inteligencia, AVI. Que asuma tareas de inteligencia, seguridad, y prevención. Dejar sentada una ruta de profesionalización del mismo con miras a establecer alianzas estratégicas con las mejores agencias homologas del mundo (MI6, Mossad, CIA, CSIS, ABIN, entre otros), para estar a la vanguardia mundial y además contribuir en la lucha contra las nuevas amenazas a la seguridad global desde lo interno. Evaluar caso por caso la adecuación del antiguo personal del SEBIN para la nueva agencia, según su desempeño anterior y su capacitación actual, no solo en entrenamiento físico, sino en su capacidad intelectual y su condición ética y amor por el país, con el espíritu original bolivariano de servicio a la ciudadanía y no para servir de perros guardianes y esbirros del caza-rentismo. Filtrar a los torturadores y otros violadores de los derechos humanos.

   19.  Se debe fortalecer y reestructurar al CICPC, y considerar regresar al nombre de PTJ, con las reformas a que haya lugar. Dicha institución ha sido relegada por la usurpación por su resistencia como institución al adoctrinamiento propagandístico y de culto a la personalidad instaurado por el régimen.

   20.  Eliminar la FAES de la PNB para dar cumplimiento al informe de la Alta Comisionada de DDHH de la ONU. Los funcionarios pertenecientes a las FAES, luego de ser sometidos a un riguroso proceso de evaluación y homologación, deben ser transferidos al nuevo servicio penitenciario de la PNB, o ser sometidos a la justicia por sus crímenes de violación de Derechos Humanos.

   21. Suprimir el Ministerio de Prisiones y regresar a la Dirección de Prisiones adscrita al nuevo Ministerio de Interior y Justicia, para defenestrar desde sus cimientos la perversa estructural criminal de “pranes” construida por Iris Varela, que ha sometido al pueblo venezolano al drama del terror criminal que sirve de sustento al régimen.

   22.  La ONA, Oficina Nacional Antidrogas debe ser restructurada de raíz para que goce nuevamente de su estructura inicial, que permita conducir una política seria contra el narcotráfico en Venezuela, un flagelo protagonista y base de la crisis estructural que permeó a todos los niveles del gobierno y convirtiendo al Estado Venezolano en un narco estado. Al igual que la AVI, debe lograr alianzas estratégicas con las mejores agencias homologas mundiales (DEA, PNC, PFA, entre otros) para erradicar el narcotráfico del territorio venezolano.

   23.  Durante la transición se debe dejar muy en claro que será prohibido no solo el ala política partidista del PSUV, sino también su “ala armada”, cuyos cuerpos, como colectivos armados, grupos irregulares, GEDO, etc, serán desmovilizados y sometidos a la justicia.

   24. La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ONCDOFT apoyada en el MP, CICPC y GN emprenderá una cruzada contra la red criminal del régimen y todo el caza-rentismo nacional e internacional destinada al blanqueo y legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, corrupción y destinados entre otras cosas al financiamiento al terrorismo y las actividades delincuenciales de todo el cartel de mafias caza-renta referido.

   25.  Creación de un sistema único de información por parte del MIJ, que sirva a los cuerpos de seguridad para desarrollar investigaciones profesionales, que redunden en resultados favorables en la lucha contra la criminalidad que azota el país (donde se cruce MP, SIIPOL, SAIME, SUDEBAN, INTT, Operadoras telefónicas, entre otros).

   26. Reestructuración de la GNB y PNB.

   27. Reestructuración de policías regionales y municipales.

   28. Control y neutralización de Pranes.

   29. Reorganización del Ministerio Público.

V. Transición hacia el desarrollo:

Las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos democráticos aquí firmantes, se comprometen a elaborar y suscribir un plan de desarrollo económico y social, que establezca las bases y defina los elementos para la transición hacía el desarrollo, en un período de 40 años. Un acuerdo mínimo maximizado. No un programa de gobierno para los períodos presidenciales constitucionales, que deben ser elaborados por los gobiernos respectivos, por elección popular. Pero si se trata de un gobierno de uno de los factores del coraje, debe obedecer al marco de los acuerdos mínimos maximizados.

VI. La conformación del Congreso Republicano

Para implementar el Pacto Republicano, se conformará un Congreso Republicano. Para ello, se realizarán asambleas de conformación, a los siguientes niveles, con todos los jugadores mencionados: nacional, estadal, municipal, comunitario y sectorial (que incluye gremios, sindicatos, cámaras empresariales, etc).

   1. Se conformará un Congreso General Republicano Nacional de base, con los liderazgos que se vayan conformando, dadas las circunstancias políticas y la urgencia de soluciones político-económicas del pueblo venezolano. Mientras no se pueda reunir físicamente, se usará un chat para deliberar y decidir de manera continua.

   2. Se seguirá las conversaciones con los líderes nacionales de los principales partidos del coraje para conformar una dirigencia ejecutiva nacional. Mientras tanto, se conformarán congresos territoriales y sectoriales, iniciando con chats y a medida que se pueda, físicamente, complementando las formas organizativas, de deliberación y decisión.

   3. Se usarán todas las fuerzas de todos los jugadores, para formar los comités promotores de los congresos en cada localidad respectiva. Los congresos a todos los niveles, serán el inicio del nuevo federalismo republicano. Tanto para unir fuerzas para salir de este régimen, como para construir la nueva República sobre nuevas bases, con participación popular.

   4. Cada nivel de los congresos republicanos, prepararán las elecciones de su localidad, tipo 16J. Habrá elecciones de alcaldes, gobernadores, juntas parroquiales, municipales, asambleas legislativas, gremios, sindicatos. Y la elección presidencial nacional. Resolverán el asunto de la conformación de los Consejos Ciudadanos Electorales a cada nivel, y las candidaturas respectivas, incluyendo las primarias a que haya lugar.

   5. Lo ideal es que posteriormente, a medida que se desarrolle la organización, se conformare el Congreso Nacional Republicano a partir de los liderazgos nacionales (Cámara de Diputados), con liderazgos regionales (Cámara de Senadores) y los liderazgos sectoriales (Cámara Sectorial) en una cámara plenaria a partir de las dos cámaras propuestas.

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