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Resumen ejecutivo de la versión 6 del documento Qué Hacer. 1 de Enero de 2016

Desde inicios del 2013 venimos advirtiendo sobre una crisis económica, política y social muy fuerte. Nuestras predicciones se han cumplido ante la inacción del gobierno, como lo muestran los niveles de hiperinflación, alta devaluación real, desabastecimiento, contracción de la producción manufacturera y agrícola. La situación ha desbordado lo económico, y ha trascendido a lo político y lo social, pues la inseguridad y la conflictividad están a niveles nunca antes vistos, y la inconformidad de la población sobre lo económico y lo social sobrepasa el 80% de la misma. El resultado de las elecciones del 6D muestra claramente que no solo la oposición quiere cambio, sino que, buena parte del chavismo, con su abstención y voto castigo, clama por una salida. Desde el punto de vista económico, la crisis es completamente “artificial”, a pesar de lo grave, pues no se basó, incluso cuando el petróleo estaba a 100 dólares el barril, como las crisis clásicas, en problemas de solvencia del país, ni de falta de liquidez en divisas. Con la baja del precio petrolero la situación se ha agravado notablemente, pues ahora se notan más las costuras del modelo. Es una crisis, pues, producto de graves errores de política económica, y de errores político-ideológicos. En esta materia, el modelo de socialismo de capitalismo de estado, con centralización administrativa y producción estatal, ha experimentado un fracaso más, como todos los modelos que tienen al estalinismo como paradigma. De hecho, la política económica ha sido muy “racional” para quienes se han beneficiado, y el estalinismo como ideología lo que ha servido ha sido para enmascarar a quienes han tenido capturados al gobierno y al país: los corruptos cadivistas, los contrabandistas y bachaqueros de todo tipo. En lo social, luego de una mejora insostenible, que se debió a una muy mala administración del boom petrolero, la situación ha llegado a una niveles absolutamente graves, de más de 75% de la población en situación de pobreza, y de una hambruna en puertas, por desabastecimiento e hiperinflación, una situación mucho peor a la que había cuando el presidente Chávez llegó al poder.

Lo que está planteado es tomar las medidas de política económica, social e institucional que corrijan y reviertan drásticamente la situación, teniendo como norte una sociedad democrática participativa en la que se combinen virtuosamente el estado, el mercado, y la solidaridad. Una sociedad de inclusión, tolerancia, diálogo y convivencia, donde la diversidad es vista como una ventaja para todos, y no como un enemigo a derrotar por alguna de las concepciones o grupos. Donde puedan convivir gente con ideología liberal, socialista, comunista, con distintas confesiones religiosas, de género, raza, condición social, buscando siempre la justicia social, en que cada persona tenga sus medios de vida en lo económico, social y político. Teniendo como marco de convivencia la constitución del 1999.

El costo del ajuste no puede pagarlo el pueblo pobre ni la clase media, que han sido los grandes perjudicados por la situación, sino los corruptos, los contrabandistas, y quienes se han enriquecido sin medida en todo este período a partir de la renta petrolera, y no de la producción. Entre los beneficiarios del ajuste hay que incluir también a los empresarios productivos que quieren aportar su parte a este plan de amantes de la república, quienes similarmente han estado experimentando los impactos negativos de las políticas públicas erradas y del marco institucional de guerra que los ha mantenido perseguidos como si fueran enemigos del país, y no los ha dejado aportar todo lo que pueden y están dispuestos.

Las medidas propuestas están orientadas no solo a resolver la coyuntura descrita, sino también a revertir los problemas estructurales que se han generado en todos estos años producto de los mismos errores, que se manifiestan en una inflación endémica (de 2500% mientras en AL era de 105%), un crecimiento acumulado real de solo 14% (mientras en AL era de un promedio de 35%, con solo Haití estando por debajo de nosotros), una desindustrialización notable (cuyo índice bajó a 13,9 en el 2012, por debajo del 20% a que había llegado en 1986), y un acusado empeoramiento del rentismo petrolero. Sobre lo primero, tres elementos principales de los procesos hiperinflacionarios conocidos están hoy presentes en Venezuela: alto y endémico déficit fiscal, alta monetización del déficit, y disminución de la demanda real de dinero, manifestada en que la gente no quiere billetes, sino que prefiere reservas de valor como dólares, bienes raíces, automóviles, electrodomésticos y hasta bienes perecederos. Este elemento está caracterizado por las altas expectativas de inflación y devaluación.

La situación está tan desquiciada, que un mínimo de cordura hace milagros. De hecho, la solución al problema económico trasciende la política económica, pues se necesita, de manera imprescindible, establecer la confianza, además de la solvencia. Eso requiere el arreglo de lo institucional, y el clima de convivencia, y por tanto lo político. Así, la solución requiere un acuerdo político nacional de gobernabilidad en que se involucren no solo el gobierno y la MUD, sino también las organizaciones empresariales como Fedecámaras, y los sindicatos de trabajadores. De seguir la situación como va, o de tomarse medidas tímidas, sin cambios sustanciales, habría un claro y exponencial deterioro económico, social y político adicional, de consecuencias impredecibles, luego de transitar una emergencia alimentaria de proporciones de estándares internacionales.

Este entorno, típico de guerra de desgaste, coloca al gobierno en una situación en la que debe optar, si quiere mantener el poder, por tomar medidas económicas claras y sólidas, por un lado, y llegar a acuerdos políticos sustanciales que permitan una cohabitación con la nueva Asamblea Nacional que se traduzca en el nombramiento de personas de consenso en los órganos del poder del estado, como el CNE, la Contraloría, la Fiscalía, la Defensoría y el Tribunal Supremo, y revisar algunas leyes que se derivaron de un diagnóstico equivocado, como la de precios justos y la del trabajo.

El problema fiscal, de hecho, se resuelve fácilmente con una sinceración (que no devaluación) cambiaria, en un contexto de un programa económico-insitucional comprehensivo, que colocaría el tipo de cambio, unificado, entres unos 100 y 150 bolívares por dólar. Esto implicaría una recaudación cambiaria de cerca de 35 mil millones de dólares, con lo cual la brecha fiscal actual, de alrededor de 18 puntos del PIB, se mejora en unos 11 puntos. El aumento del precio de la gasolina, la revisión de Petrocaribe, cerrarían por completo esa brecha, de manera que no habría necesidad de seguir imprimiendo billetes en el Banco Central, y la inflación se frenaría en seco.

El ajuste sería un ajuste signado por la justicia social, no neoliberal, pues no se bajaría el gasto (que solo se haría más eficiente y se bajan algunos obvios, como las compras militares) ni aumentaría los impuestos, a la vez que aumentaría el ingreso, y se harían transferencias directas a los sectores sociales más vulnerables, para protegerlos del impacto del ajuste, como los pobres y la clase media. En materia de democracia participativa, se rescataría el proceso de descentralización que se inició en la cuarta república, y se daría el paso adicional de fortalecer los consejos comunales pero como mecanismos de participación amplia de las comunidades en auto-gobiernos locales, incluyendo la auto-defensa para frenar la delincuencia, en un contexto de coordinación entre los poderes regionales, locales, comunitarios y centrales, y de medidas efectivas de transparentización y agilización de trámites administrativos (sistema de conocimiento libre).

Finalmente, normalmente un ajuste implica apretarse el cinturón. Y quien se lo aprieta más es el más débil. Aquí no. La situación es muy distinta, pues lo que pasa es que la gran mayoría de la población está con la soga al cuello, y el ajuste no es más que soltar la soga. Ahora bien: hay que soltar la soga de a poco? De manera gradual? No. Lo que está planteado es dejar que la economía y la sociedad puedan respirar y salgan del peligro de ahorcamiento. Salir con toda libertad, no de a poquito, pues tienen los pulmones preparados. Y el tránsito es del sótano ocho a la planta baja, por lo que el crecimiento va a ser de alrededor de 10% por cinco años seguidos, ya que en estas condiciones de alta capacidad ociosa, recursos subutilizados, y grandes activos de venezolanos en el exterior, capital y cerebros, buscando la oportunidad de trabajo, implican que no es necesario ningún shock para reactivar algo muerto: es impedir que algo todavía vivo, a pesar de los intentos de muerte, resurja de su subyugación artificial, que salga de la cárcel y recupere plenamente, de una vez por todas, su libertad. El desarrollo de largo plazo tomará más tiempo, pero ya desde la planta baja. Abajo listamos las medidas del ajuste, pero el cronograma debe establecerse de acuerdo a las prelaciones lógicas, y a las simultaneidades posibles, actuando lo más rápido posible, y postergando las cosas que pueden ser postergadas. Por ejemplo, el ajuste requiere un acuerdo político previo, y autoridades confiables en el BCV. Y un equipo económico confiable en lo técnico y en lo ético.

El programa económico para la coyuntura y sus efectos

1. Acuerdo político nacional de gobernabilidad, en que participe el gobierno, la MUD, el sector productivo interno y los trabajadores, por lo menos. Esto implica un acuerdo de cohabitación entre la nueva Asamblea Nacional y el gobierno para establecer reglas de juego claras, y conformación de poderes públicos y algunas instituciones claves confiables que incluyan al BCV, al INE, como al CNE, al TSJ, la fiscalía, la contraloría y la defensoría del pueblo.

2. Nombrar un presidente del Banco Central que sea independiente, una persona respetable a los ojos de todo el país, con un directorio con las mismas características. Este BCV debe establecer una meta de inflación de 40% el primer año, y de 5% el segundo año del ajuste. Eliminar el control de cambio, como se propone, implica recuperar la soberanía monetaria, por lo cual ahora sí que el BCV podría aplicar los conocimientos generales de cómo suavizar ciclos, promover el desarrollo, impedir las fallas de mercado de estrangulamiento del crédito, y al mismo tiempo controlar completamente la inflación, para llevarla a un dígito en un año y medio, el estándar latinoamericano y mundial, de manera estable, por primera vez en mucho tiempo.

3. Liberar los precios de las industrias no monopólicas, y establecer un régimen de control de precios en las industrias con poder de mercado, con personal técnico capacitado, que implique que se cubran costos, y se establezcan márgenes razonables de ganancia en un contexto dinámico. En este contexto, las tasas de interés activas serían liberadas, manteniendo un spread prudencial con las pasivas, para garantizar la operatividad de la banca, y eliminar la represión financiera. Con estas medidas estimamos un impacto inflacionario de 40% el primer año. Igualmente, fortalecer la institución de promoción de nuevas empresas y de competencia, para minimizar el poder monopólico por la vía de las fuerzas de mercado, en particular por las importaciones democratizadas. 4. Plan de desarrollo nacional, que requiere en lo inmediato conversaciones con el sector privado productivo y con los trabajadores para acordar reglas de juego claras, y revisión en conjunto con la nueva Asamblea Nacional de algunas leyes surgidas de diagnósticos equivocados (como que la inflación se debe al sector privado), como la ley de precios justos, y la ley del trabajo. Esto, el programa traerá una gran repatriación endógena de capitales, los $200 millardos fugados en estos años, mínimo.

5. Eliminar el control de cambio e imponer un régimen de flotación limpia a partir de una oferta fija diaria, realizada a través de un mecanismo de subasta clásico, como en el 2002. El precio de equilibrio se colocaría en unos 145 bolívares por dólar, con una bandas iniciales, inferior de 90, y superior de 200. Las bandas son flexibles por un promedio móvil que valida el mercado progresivamente, y evita movimientos bruscos. Sobre la banda superior se impone un impuesto de 100% para disuadir fugas de capitales bruscas. Se recaudan por esta vía un 11% del PIB, dejando la brecha fiscal en unos 7% puntos. Esto requiere centralizar todas las reservas internacionales en el BCV.

6. El resto de la brecha se cierra con un aumento del precio de la gasolina a niveles que impidan por completo el contrabando, y en una revisión sustancial de los acuerdos de Petrocaribe. Cerrar la brecha implica frenar la emisión de dinero para financiarla, frenando con ello la inflación monetaria.

7. Con estas medidas se establece claramente la solvencia fiscal, y se restablece la confianza en la moneda y en la economía del país, lo cual frena por completo las expectativas inflacionarias y devaluacionistas. La unificación cambiaria, que elimina el mercado paralelo por completo, no produce inflación, pues su impacto realmente ocurrió ya el año pasado, al desatarse el dólar negro.

8. La inflación, aunque baja de unos 200% a 40%, puede afectar a los sectores más vulnerables. Por eso, se establece de inmediato una transferencia por persona, en su cuenta bancaria, durante el primer año del ajuste, del equivalente a 25 dólares mensuales (3125 bolívares mensuales, por ejemplo, si el tipo de cambio es de 125). Esto arroja unos nueve mil millones de dólares anuales de subsidio, que es perfectamente financiable dado el ahorro en los subsidios ineficientes hasta ahora. Esta medida cubre por completo las necesidades que vienen de un aumento súbito y sustancial del precio de la gasolina, y de la liberación de precios de bienes y servicios no monopólicos. El complemento alimentario a los más necesitados, por ejemplo, se realiza de manera natural al implicar que las personas buscan sus alimentos en los lugares donde el precio es mejor dada la competitividad que se abre, incluyendo la oferta adicional de importaciones liberadas.

9. Como parte del fortalecimiento y democratización de los consejos comunales, los Mercales y Pdvales deben transformarse y pasar directamente a control de la red del poder popular, a través de los consejos comunales, que establecerán redes de comercialización desde productores directos a consumidores en cada comunidad, a precios competitivos, de mercado, cesando la de distribución de alimentos centralizados, que significan un subsidio indirecto plagado de corrupción. El subsidio directo mencionado es más eficiente y directo, y no perjudica la producción nacional. Se mantienen los subsidios, a través de la red de los seguros sociales, de las medicinas de alto costo.

10. Como mecanismo adicional para compensar el aumento del precio de la gasolina, debe hacerse una inversión sustancial en nuevas unidades de transporte público tipo metrobús en todo el país, con precios subsidiados, como en España, que es líder mundial en esta materia. En esto deben involucrarse las comunidades con sus mecanismos de auto-gobierno organizadas en redes a nivel citadino. Esto es un proceso que lleva tiempo. Pero el subsidio directo planteado va a permitir a los usuarios de transporte público privado costear los aumentos previstos.

11. Como parte del golpe de timón en materia de poder popular, democracia directa, debe estar la transferencia de atribuciones de tipo policial a las comunidades, con el fin de mejorar sustancialmente el tema de la seguridad ciudadana, con la instrumentación de todos los aspectos de esa materia, como se ha hecho en Nicaragua, incluyendo el de inteligencia social, que incluya el tema del control y erradicación definitiva de los paramilitares y de los sicarios, secuestradores, y todo tipo de delincuentes que azotan a la población.

12. PDVSA debe dedicarse solo al negocio petrolero, y transferir lo social al poder popular.

13. En relación a las empresas nacionalizadas, expropiadas, debe establecerse un plan inmediato de privatizaciones, con participación de los trabajadores y comunidades, teniendo como principio la devolución de las propiedades a sus antiguos dueños la propiedad dentro de los acuerdos de transición, pero no afectando los intereses creados de los trabajadores, propiciando acuerdos mutuamente aceptables por las partes involucradas.

14. Transferir, en el lapso de un año, las empresas de la CVG, y todas las empresas del estado no estratégicas al sector privado, poder popular, y a los trabajadores, eliminando los “presupuestos blandos”, que implican subsidios automáticos.

15. Plan de reforma fiscal: mejorar sustancialmente la recaudación fiscal para aumentar la recaudación fiscal no petrolera, de 14% a 23% del PIB en un plazo de cuatro años, puesto en vigor el segundo año del ajuste. La idea es impedir la elusión y la evasión fiscal, con un mecanismo con los estándares de los de Colombia, Chile y Perú.

16. A pesar de que las reservas internacionales están a un nivel apropiado para el ajuste (unos diez mil millones sirven como piso inicial apropiado), es necesario un plan de financiamiento para cerrar la brecha de flujo de caja en el año 2016, teniendo como norte un nivel de importaciones para garantizar la alimentación de la población, sea como productos finales, o como insumos para reactivar el aparato productivo, en un año de bajos ingresos petroleros, pero en un contexto de shock negativo temporal, como lo verán también los mercados. Esto se puede hacer perfectamente a través de los mercados financieros internacionales en un contexto en el que el riesgo país va a bajar sustancialmente, a niveles estándares latinoamericanos. No es imprescindible el FMI. De ser necesario, habría que llegar a un acuerdo político nacional sobre esta materia.

Cura de la maldición del oro negro, el rentismo petrolero.

1. En materia de desarrollo de largo plazo, se requiere, de una vez, aprovechando la crisis y los bajos precios petroleros, la institución de un Fondo de Ahorro Intergeneracional, para que incrementos de ingreso petrolero por sobre los niveles actuales sean invertidos en él. Sin embargo, una medida inmediata importante es que un porcentaje diario de 5% de la oferta de dólares del BCV sería destinado a dicho fondo. Esto, además de alimentar el fondo, subirá el tipo de cambio a niveles que se acercarán progresivamente al óptimo en términos de adecuación a la productividad interna no-petrolera, permitiendo el desarrollo productivo tanto para suplir la demanda interna de transables (industria y agricultura), como para exportaciones no tradicionales. Las ventajas de suavizamiento de la volatilidad de precios (fondo de estabilización macro), y de impulso de la democracia serán explicados en el texto.

Economía Política: quién gana y quién pierde

Al controlarse la inflación, eliminarse las colas, y la escasez, gana el pueblo, tanto clase media, como los pobres. Al hacerse más efectivas las transferencias de poder político y económico al pueblo, el ciudadano gana en todos los ámbitos, como han documentado incluso organismos como el Banco Mundial. En particular, el subsidio especial para alimentación, medicinas y gasolina, y la eliminación de las colas de transporte, significarán una mejora sustancial en su nivel de vida. La finalización del impuesto inflacionario sobre los pobres y la clase media, además, permitirán a esos estamentos estabilizar su actividad económico-productiva, y social.

Al mejorarse las condiciones para la producción, y establecerse reglas claras de juego para la inversión, el sector privado productivo gana. Lo mismo al eliminarse la inflación, pues genera estabilidad macroeconómica. Al restablecerse el sistema de precios como señales para que el mercado trabaje, también gana el sector privado productivo. Similarmente en relación a la fijación del tipo de cambio de equilibrio de mercado. Por último, al corregirse la sobrevaluación artificial del bolívar debido al control de cambios, y al inicio de la corrección de la enfermedad holandesa, el sector privado será más competitivo frente a las importaciones, y tendrá más ventajas para exportaciones no tradicionales. Finalmente, la estabilización macroeconómica del fondo de ahorro intergeneracional ayudará a acometer inversiones de largo plazo.

Los trabajadores ganan, al establecerse reglas claras de interacción con los empresarios y el gobierno. Las empresas socialistas, controladas por los trabajadores, ganan porque el entorno macroeconómico les permite trabajar y mejorar, lo que no ocurría antes.

El gobierno gana porque controla la crisis económica y política, se estabiliza el país en sus bases fundamentales. La oposición gana, pues cuenta ahora con árbitros imparciales en los poderes públicos, y se restablece las normas del juego democrático. Al resolverse el problema económico, se satisfacen las expectativas que llevaron a su triunfo en 6D.

La sociedad como un todo mejora por el inicio del control de la maldición del oro negro, pues al controlarse la cantidad de renta que ingresa al gobierno, y depender este en sus ingresos cada vez más de la actividad productiva interna no-petrolera, mejoran los mecanismos democráticos de control de gestión, en particular la descentralización, el control civil sobre la institucionalidad del estado, y el control de la corrupción, por diseño, lo cual mejora la cultura económica, social y política, al depender la sociedad del trabajo, y no del rentismo y el populismo asociado.

Los contrabandistas pierden, pues bajan sustancialmente las fuentes de contrabando, como son los alimentos subsidiados, y la gasolina regalada. Los corruptos cadivistas pierden, pues no tienen las oportunidades de ganancia cambiaria de antes. Los enriquecidos a partir de evasión y elusión de impuestos, porque a partir de ahora tendrán que pagar impuestos. Los funcionarios corruptos que hacen vacuna al sector privado en relación a los impuestos, que van a ellos y no al fisco, pierden su fuente de negocios ilícitos. Si el gobierno no es capaz de deslastrarse de los corruptos y los boliburgueses, perderá el poder, por deterioro exponencial tras las elecciones parlamentarias, y luego el revocatorio. De ahí sus incentivos para hacerlo. Si no lo hace, es porque sigue capturado por su discurso equivocado sobre a quién beneficia la política económica actual, pues ya los caza-renta mismos saben que ese modelo no es sostenible, ni insoportable social, económica, y políticamente.

En resumen, solo pierden los corruptos cadivistas, los bachaqueros, los contrabandistas de gasolina y bienes subsidiados, y los países no-solidarios de Petrocaribe. El resto de la población, el 99% se beneficia. Es prácticamente una mejora en el sentido de Pareto, en el que todos se benefician. Qué impide que se haga?